La empresa concesionaria del servicio de agua potable, Aguas de La Rioja, inició el proceso para rescindir el contrato con el Estado provincial por "culpa del concedente".
Según pudo confirmar NUEVA RIOJA en las últimas horas, en los primeros días del mes de diciembre los empresarios correntinos enviaron una nota al gobernador Luis Beder Herrera como titular de la Función Ejecutiva provincial.
En esa misiva se específica que si el Estado no da una respuesta positiva 30 días después de presentada la nota, la concesionaria estará en condiciones legales de iniciar "el proceso de rescisión del contrato por culpa del concedente".
En la nota se especifica que la empresa le reclama al Estado riojano la falta de reajustes tarifarios y el incumplimiento del pago de fondos comprometidos al momento de aceptar la fiscalización por parte del Gobierno mediante la intervención que encabeza Juan Luna Corzo.
Estrategias
Según se pudo saber, la estrategia de la concesionaria sería demostrar que las carencias en el servicio que presta se generaron por los incumplimientos de la concedente (es decir el Estado provincial), que el Gobierno riojano les debe mucho dinero y que están dadas las condiciones para rescindir el contrato por los incumplimientos por parte de los organismos estatales.
Mientras tanto, el propio Luis Beder Herrera fue quien anunció hace un par de días que el tiempo de Aguas de La Rioja estaba terminando e insistió en la posibilidad de avanzar en una empresa estatal mixta, que se haga cargo del servicio de agua potable en los departamentos Capital, Chilecito y Chamical.
Postura
Por parte del Gobierno provincial, la expectativa está puesta en la presentación que la concesionaria debe realizar ante la Comisión renegociadora del contrato.
El informe del Ente Único de Control de las Privatizadas (EUCOP) tomó como punto de partida los resultados de la audiencia pública que se realizó hace más de un mes.
El organismo de contralor propuso explícitamente que se rescindiera el contrato por los incumplimientos que detectaron en el servicio prestado por Aguas de La Rioja.
La empresa tiene plazo hasta el próximo 5 de enero para dar su respuesta ante los cuestionamientos que le realizó el Estado provincial.
"Ése día será clave para el futuro de la empresa, porque mientras el Gobierno avanzó en la rescisión con el informe del EUCOP, Aguas de La Rioja se juega sus cartas con la presentación de un proceso de rescisión por la falta de cumplimiento por parte del Estado a sus constantes reclamos", sostuvieron algunas de las fuentes consultadas en las últimas horas.
Semana clave
Mientras tanto esta será una semana clave para el futuro de la empresa concesionaria del servicio, porque mañana se vencen los 90 días del inicio de la intervención del servicio.
El decreto que estableció la intervención en la empresa tiene fecha del pasado 22 de septiembre y establece un plazo de 90 días, que vencerá en el día de mañana.
Hasta el momento ni el Gobierno provincial ni la empresa concesionaria anunciaron ninguna novedad, aunque está claro que por estas horas habrá una definición en un conflicto que comienza a definirse.
Los datos
La empresa inició el proceso para rescindir el contrato por incumplimientos por parte del Estado provincial
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