En Yacyretá, los sucesivos titulares del Poder Ejecutivo, sus ministros y los órganos de gobierno de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) han venido siguiendo erráticas líneas de acción, faltando inclusive repetidas veces a la Constitución. El actual gobierno, encabezado por Fernando Lugo, no es excepción a lo dicho. Puede comenzarse por recordar que apenas iniciado su mandato ratificó por decreto un acuerdo referente a Yacyretá. Advertido de que un acuerdo internacional solo puede ser ratificado por el Congreso, Lugo dictó otro decreto por el cual DEROGO el anterior; pero, en realidad, tal derogación fue solo un juego de palabras, pues por el mismo decreto declaró ACEPTAR el derogado, y la EBY, por su parte, continuó aplicando dicho convenio. Desde su campaña, Lugo habló del Tratado de Itaipú, pero no formula ningún reclamo sobre Yacyretá. La extensa lista de errores en Yacyretá e incluso las posibles entregas en el caso de la irregular negociación de la deuda con el Tesoro argentino ya no deben imputarse a la improvisación o a la torpeza, sino a la mala intención, a la corrupción y al entreguismo. Estas razones obligan a advertir a Lugo que debe corregir rumbos, porque estos errores, actos de corrupción y entregas son los que podrían sentarlo en el banquillo de acusados en un juicio político.
En Yacyretá, los sucesivos titulares del Poder Ejecutivo, sus ministros y los órganos de gobierno de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), han venido siguiendo erráticas líneas de acción, faltando inclusive repetidas veces a la Constitución Nacional.
El actual gobierno, encabezado por el presidente Fernando Lugo, no es excepción a lo dicho. Puede comenzarse por recordar que el 30 de setiembre de 2008, apenas a mes y medio de asumir el cargo, dictó el Decreto Nº 334 por el que pretendió “RATIFICAR” el Acuerdo referente a Yacyretá del 31 de enero de 2008 celebrado por el ministro de Obras Públicas del entonces presidente Duarte Frutos y el ministro argentino de Planificación General, Julio de Vido.
Advertido por varias voces de que un acuerdo internacional solo puede ser RATIFICADO por el Congreso, el Sr. Lugo dictó el Decreto Nº 892 del 20 de noviembre por el cual DEROGÓ formalmente su anterior Decreto Nº 334, pero, en realidad, tal derogación fue solo un juego de palabras, pues por el mismo Decreto 892 declaró ACEPTAR el convenio internacional del 31 de enero de 2008, y la EBY, por su parte, continuó aplicando dicho convenio. Lo mismo ha venido haciendo la EBY con otros convenios paraguayo-argentinos anteriores que tampoco fueron ratificados por el Congreso Nacional como lo exige la Constitución, e incluso está aplicando las Notas Reversales del 9 de enero de 1992 que fueron RECHAZADAS por el Congreso Nacional.
Para tratar de eludir el problema jurídico resultante del mal proceder expresado, se invoca, a lo sumo, la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, pero de todos modos la verdad es que se ha faltado repetidas veces a la Constitución Nacional. La Argentina también ha transgredido su propia Constitución, pues su Congreso tampoco ratificó los acuerdos aludidos, los que no solo alteraron en puntos importantes la letra y el espíritu de dicho Tratado, sino que también han influido grandemente para introducir el caos y la corrupción en la EBY.
Los resultados son graves. La ciudad de Encarnación y otras localidades paraguayas ribereñas del Paraná son víctimas del desorden de la EBY. Uno de los acuerdos por Notas Reversales del 9 de enero de 1992 estableció que el nivel del río habría finalmente de llegar en Encarnación-Posadas a la cota de 84 metros sobre el nivel del mar, pero ante el desastre que sobrevino la cota del momento, que era de 80 metros, fue bajada –verbalmente nomás– por el Sr. Lugo a 79 metros.
En otro de los acuerdos del 9 de enero de 1992 se fijó la tarifa a ser pagada a la EBY por toda la energía que entregara en TREINTA MILESIMOS DE DOLAR por kilovatio-hora. Y esta ridícula suma, aunque deba actualizarse a valores constantes de diciembre de 1991, será el monto de la tarifa nada menos que HASTA EL AÑO 2048, es decir, hasta más allá de la vigencia del Anexo C del Tratado.
Con esa tarifa, más la demora en la terminación del proyecto Yacyretá, los sobrecostos que han tenido sus obras y la corrupción y el despilfarro en la EBY, la deuda de la misma con el Tesoro Argentino es inevitable y colosal. Al término del mandato de Nicanor Duarte Frutos ya llegaba a 10.500 millones de dólares. Actualmente supera ya los 15.000 millones y se prevé que seguirá creciendo desmesuradamente. Hoy la deuda ya es impagable, y en el futuro lo será aun más. ¿Qué ocurrirá con los derechos paraguayos cuando llegue el reclamo de pagar su parte de la deuda?
El presidente Lugo, desde el inicio de su campaña electoral, habló del Tratado de Itaipú, y había y continúa habiendo motivos para ello, pero obviamente también los hay para el Tratado de Yacyretá y lo que se le ha venido agregando después, porque se ha creado allí un desastre financiero que no afectará solo al Paraguay y a su pueblo, sino también al pueblo argentino. El Sr. Lugo, sin embargo, no formula ningún reclamo sobre Yacyretá.
El día 2 del mes en curso dictó un decreto más, el Nº 3564, por el que ya no ratificó, pero sí “aceptó” el Acuerdo con la Argentina del 6 de enero pasado por el que este país prometió pagar PARCIALMENTE su deuda con el nuestro por la cesión –venta– de energía paraguaya.
Para más, en nuestro país ni siquiera se habló ni se habla de formular una política sobre el uso local de la energía generada en las dos centrales hidroeléctricas binacionales, a fin de procurar el desarrollo nacional. En Itaipú solo se está pidiendo algún mayor pago por la cesión de energía, y en Yacyretá, absolutamente nada. Sigue en tanto el incontrolable endeudamiento de la EBY y, en consecuencia, el problema de pagar la misma que pesará tanto sobre el pueblo paraguayo como el argentino. En esto se está hablando de sumas que pueden resultar astronómicas. Todo como resultado, a su vez, de un acuerdo del 9 de enero de 1992 que se viene aceptando como vigente a pesar de no haber sido ratificado por el Congreso Nacional –que lo rechazó– ni por el Congreso argentino.
La ya extensa lista de errores en Yacyretá e incluso las posibles entregas en el caso de la irregular negociación de la deuda de la entidad binacional con el Tesoro argentino ya no deben imputarse a la improvisación o a la torpeza, sino a la mala intención, a la corrupción y al entreguismo. Estas razones obligan a advertir a Fernando Lugo que debe corregir rumbos, porque estos errores, actos de corrupción y entregas son los que podrían sentarlo en el banquillo de acusados en un juicio político.