Por no cumplir un fallo judicial de 2007 que le ordenaba sanear un área pública de Francia y las barrancas del río Paraná (conocida como plazoleta del Mercosur) contaminada con hidrocarburos pesados nocivos para la salud, responsables de Servicios Públicos y de Medio Ambiente de la Municipalidad de Rosario quedaron al borde de afrontar un juicio penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Ahora, la Justicia otorgó un nuevo plazo de diez días hábiles para realizar las tareas tendientes a eliminar los despojos tóxicos del terreno.
El 17 de diciembre último, la jueza Civil y Comercial Nº 13, Marta Gurdulich, envió una cédula "urgente" al intendente Miguel Lifschitz, al secretario de Servicios Públicos, Gustavo Leone, y a la subsecretaria de Medio Ambiente, Daniela Mastrángelo. Los intimó a disponer "en forma inmediata la clausura del sector ubicado en Vélez Sársfield 164, y el predio que se encuentra sobre la barranca del Paraná, entre los fondos de la ex fábrica industrial arenera CID.
En ese espacio, donde linda el portal del ingreso del emprendimiento Ciudad Ribera, un estudio de suelo realizado en 2007 _avalado por la Municipalidad_ detectó índices elevados de policloruro de bifenilo (PCB), benzeno, tolueno y creosota a pocos centímetros de la superficie. Esas sustancias son calificadas como cancerígenas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y contaminantes para la tierra y el agua.

Advertidos. Antes de que esos resultados se conocieran, un vecino de la zona presentó en abril de 2004 un amparo bajo los alcances de la ley 10.000 de intereses difusos. Pidió a la Justicia que procediera a la clausura preventiva hasta que el municipio removiera los materiales tóxicos.
Ese juicio tuvo una sentencia. En mayo de 2007 la Justicia condenó a la administración local a clausurar y erradicar todo vestigio de las sustancias peligrosas para la salud humana, y le dio un plazo de 120 días. Pero desde el Palacio de los Leones nunca se ordenaron las tareas de remoción de tierra y la amenaza sigue latente.

Tarde. Este diario realizó una recorrida por el lugar y corroboró que el área fue cercada. También que hay un olor penetrante en el aire, que se traduce en la presencia de compuestos orgánicos volátiles. En concreto, contaminación del ambiente.
Ahora, frente a la omisión de las autoridades y ante el peligro que los materiales representan paras la salud de las personas, la jueza Gurdulich intimó a las autoridades a que en un plazo de 10 días hábiles realicen los trabajos de saneamiento. De lo contrario, se remitirá la causa al fuero Penal, donde se investigará si los funcionarios incumplieron sus deberes.