Desde que fue aprobada en 1884, la Ley de Aguas nunca tuvo una reforma sustancial. En ese entonces, lo que su letra estipulaba coincidía con la realidad de la época y daba una respuesta contundente a las demandas de una provincia netamente agrícola y menos poblada.
Sin embargo, el correr de las décadas trajo consigo una serie de necesidades a las que la norma -hasta hoy- no se ajusta. Industrias, cambios demográficos y una creciente urbanización modificaron el mapa de lo que había sido aquella Mendoza de finales del siglo XIX: para tener una idea por aquellos años había más árboles en la ciudad (15.882 en 1882 a 23.537 ejemplares en 1888) que habitantes (11.742, en 1882), mientras que hacia 1889 Mendoza tenía casi 6.400 hectáreas cultivadas de vid.
Así, aunque las exigencias a la hora de distribuir el recurso hídrico fueron resueltas "sobre la marcha" por los distintos gobiernos, en la actualidad los mendocinos adolecen de una política de fondo que ayude a optimizar el uso del agua en la ciudad y el campo. En este sentido, los especialistas locales aseguran que una modificación positiva consistiría en concebir un modelo de planificación centrado en el entorno de cada una de las cuencas y no de acuerdo a los usos del agua, tal como es en la actualidad.
Para pasar en limpio: si hasta hoy la metodología ha sido distribuir el agua de deshielo de acuerdo a los requerimientos de cada área (consumo, sector agrícola, fábricas o municipios, entre otras) la propuesta del sector científico, apunta a lograr que en las zonas atravesadas por cada uno de los principales ríos (Mendoza, Tunuyán, Diamante, Atuel y Malargüe) el recurso hídrico sea aprovechado al máximo.
"Las cuencas deben ser concebidas como unidades geográficas que requieren de un manejo integral", explicó José Morábito, especialista en eficiencia de riego del Instituto Nacional de Agua.
El cambio también favorecería a lograr un mayor equilibrio con los ecosistemas, pero además permitiría una distribución más organizada y equitativa. De no concretarse estas reformas, el panorama en los próximos veinte años en la provincia es desolador.
"A corto plazo habrá serios problemas de abastecimiento porque no hay políticas de modernización en la administración del agua", vaticinó Jorge Chambouleyrón, ingeniero agrónomo y ex superintendente del Departamento General de Irrigación.
Factores como el crecimiento de la población y su concentración en el Gran Mendoza llevarán a que la demanda del recurso crezca sin poder ser respondida. Incluso en la actualidad las consecuencias de todo ello se hacen sentir. Según explicó el especialista, el río Mendoza (el más importante) es el más comprometido de la provincia. Sucede que ante la ausencia de inversión en obras de magnitud que permitan mejorar los cauces, canales y surcos, al menos 60 por ciento del agua se filtra; es decir, se pierde.
De allí la necesidad de implementar un programa integral de modernización de riego y drenaje. Esto incluye la realización de obras de impermeabilización en los cauces y la incorporación de redes de distribución del agua para riego mediante tuberías bajo tierra. Esta última modalidad ayudaría a evitar que las aguas lleguen desde la ciudad hasta las fincas contaminadas, por ejemplo, de basura.
Un claro ejemplo de esta situación se da en el río Tunuyán, que riega los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos. En este caso, la cuenca superior impacta en forma negativa sobre la inferior, cuando el agua llega hacia el este mendocino (San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz).
"El hecho es que hay que responder a todos los usuarios de agua potable, pero también a los que se dedican al sector agrícola e industrial", agregó Morábito. El propio ambiente natural también requiere de este recurso vital como así también las actividades recreativas y turísticas que se desarrollan en torno a él.
La situación que se genera en el canal Cacique Guaymallén cada vez que una tormenta hace crecer su caudal (que llega desde el río Mendoza) también sirve para ilustrar. Es que la basura que es arrojada a los cauces a raíz del escaso nivel de concientización de los mendocinos llega a la red de riego que lleva el agua a las fincas y se acumula entre rejas y compuertas. El resultado es una menor eficiencia en el riego.
Adriana Bermejillo,ingeniera que ha llevado adelante distintos trabajos de investigación sobre la calidad de agua para riego, coincidió con Chambouleyrón y Morábito. Para la especialista, si bien la Ley de Aguas de Mendoza "fue muy buena en su momento", hoy no es del todo adecuada a los requerimientos de la provincia.
Pero desde su punto de vista, además de una norma más adecuada, es indispensable reforzar los controles para lograr mejorar la calidad de este recurso vital. "El agua, a diferencia del oro, por ejemplo, no tiene sustituto, por eso hay que cuidarla y administrarla con mucho cuidado", sentenció Bermejillo y recordó la importancia de crear una verdadera conciencia entre niños y adultos.

Una problemática compleja
La necesidad de revisar y actualizar la actual Ley de Aguas que data de 1884, surgió en el marco de las propuestas que los especialistas de la comunidad científica y académica de Mendoza presentó ante el Consejo de Estado que fue convocado para la elaboración del Plan Estratégico Provincial. Todo, en el contexto de los primeros pasos para aplicar la Ley de Ordenamiento Territorial y Usos del Suelo.
Así, además de analizar la situación del recurso hídrico de la provincia, los especialistas enfatizaron en la importancia de mejorar la capacidad de gestión del Estado para afrontar las demandas actuales y futuras.
También dio lugar al debate la problemática que existe en la zona urbana. En este sentido, las principales preocupaciones estuvieron ligadas a la necesidad de una gestión adecuada y equilibrada del territorio y el acceso a la vivienda.