La intervención a Obras Sanitarias Mendoza (OSM) será prorrogada hasta por 180 días, informó ayer el secretario general de la Gobernación, Alejandro Cazabán.
La extensión de la intervención, que comenzó el 3 de agosto último, había sido solicitada por el Consejo Asesor de Servicios Públicos de Agua Potable y Saneamiento días atrás, por lo que se estaba a la espera de una determinación del gobernador Celso Jaque en ese sentido.
El mandatario estuvo reunido ayer con Cazabán y el ministro de Infraestructura, Francisco Pérez, antes de tomar la determinación.
“Es inminente el dictado del decreto de la prórroga a la intervención”, informó ayer Cazabán a la prensa en el cuarto piso de la Casa de Gobierno. Indicó que el tema había sido evaluado previamente con la intervención y el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS).
Cazabán expresó que una de las causas de extender la intervención está vinculada con el informe final de la Universidad Nacional de Cuyo, que analiza el estado de la empresa y efectúa una auditoría externa.
“Ya casi se cumplió la primera parte, que tiene que ver con el aspecto interno: ahora se espera el informe final, de la segunda etapa, que estará entre febrero y mayo”, informó Cazabán.
El gobierno de Jaque intervino Obras Sanitarias a raíz de las deficiencias en la prestación del servicio de agua y cloacas realizado por parte del consorcio que se hizo cargo de la empresa tras su privatización. Fue nombrado interventor Gonzalo Dávila, quien era vicepresidente del EPAS.
Cazabán recordó que junto con el consejo asesor la intervención también cuenta con la participación de los abogados de la Asesoría de Gobierno y de la Fiscalía de Estado en cuanto a las medidas que se adoptan.
El funcionario expresó que “si surge alguna irregularidad” en el manejo de OSM de acuerdo con los informes de las auditorías, el Gobierno no dudará en adoptar las medidas correspondientes.
En relación a la demanda que ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) planteó Saur Internacional, el principal accionista de OSM, Cazabán sostuvo que no hay novedades. Indicó que la Asesoría de Gobierno, a cargo de César Mosso Giannini, lleva la información del tema, pero que el caso “se maneja en el ámbito de la Cancillería”.
Saur demandó por más de 200 millones de dólares al Estado debido a cambios en el contrato de concesión realizado en 2001, que consideró perjudiciales, ya que no contempló el ajuste tarifario que la firma francesa esperaba.
El demandado por Saur fue, en definitiva, el Estado nacional.
“Por el momento existen las negociaciones y pueden darse tanto la conciliación como el fracaso, depende de la actitud de las partes”, se limitó a señalar Cazabán acerca de la etapa en que se encuentra actualmente el conflicto.