El gobierno nacional llevó al Poder Judicial sus sospechas de canalizaciones ilegales en San Antonio de Areco. A instancias del ministro de Planificación, Julio De Vido, la subsecretaría de Recursos Hídricos presentó al juez federal Rodolfo Canicoba Corral una denuncia por la construcción de canales no declarados.
El texto pide que “se instruya el pertinente sumario tendiente a comprobar si (los hechos denunciados) configuran delitos penales contra la seguridad pública, tipificados en los artículos 186 y 196, en función del 194 del Código Procesal Penal de la Nación”. El primer artículo castiga al “que causare incendio, explosión o inundación”, el segundo a quien “causare un descarrilamiento, naufragio u otro accidente” y el tercero a quien “impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos”.
El escrito también plantea que “se ha verificado la existencia de numerosos canales construidos en los campos de la zona”. De Vido aseguró que hay entre “20 y 30 canales, no arroyos, hechos por el hombre que desembocan en el curso del río”. Daniel Scioli explicó que la fiscalía general de Mercedes investiga lo sucedido, aunque voceros del Ejecutivo provincial dijeron a este diario: “La investigación es exclusiva de las esferas judiciales. No denunciaremos a ningún productor, no vamos contra ‘el campo’”.
En tanto, el presidente de CARBAP, Pedro Apaolaza, aseguró que la crecida del Areco “no es responsabilidad de los productores”. Para el jefe del bloque de senadores de Coalición Cívica, Javier Mor Roig, Scioli “debería responsabilizar penalmente a funcionarios del ente del agua o del ministerio de Infraestructura” por no haber detectado los canales irregulares. Ricardo Alfonsín (h) se sumó a las críticas, al decir que las inundaciones en Areco son “un claro ejemplo de la falta de control e improvisación del Gobierno bonaerense”.