El Ministerio de Planificación Federal, a cargo de Julio De Vido, presentó ante el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, una denuncia por la construcción de canales presuntamente clandestinos, que habrían provocado el anegamiento en la zona de San Antonio de Areco y el consecuente corte del tránsito en las rutas 8 y 9.
La denuncia fue presentada por la Subsecretaría de Recursos Hídricos y solicita "se instruya el pertinente sumario tendiente a comprobar si (los hechos denunciados) configuran delitos penales contra la seguridad pública, tipificados en los artículos 186 y 196, en función del 194 del Código Procesal Penal de la Nación".
"Se ha verificado la existencia de numerosos canales construidos en los campos de la zona, la mayoría de los cuales colectan el agua superficial y sub-superficial de las subcuencas vecinas al cauce principal, desembocando su curso en el Río Areco y/o a los canales aliviadores de las rutas, manteniendo los predios en estas subcuencas libre de agua acumulada superficialmente", argumenta el escrito presentado por Fabián López, subsecretario de Recursos Hídricos.
Mientras esto se constataba, "existió como contrapartida una importante cantidad de agua acumulada en la zona urbana de la cuenca", sigue la denuncia.
Según el escrito, la construcción de estos canales trajo aparejadas dos consecuencias: por un lado, el aumento del caudal del río a raíz del volumen adicional de agua suministrado de manera directa por esta red de canales, lo que modificó artificialmente el hidrograma natural de la cuenca.
Pero además generó que el "exceso de agua afectara un determinado sector de la localidad", lo que trajo aparejado que el agua rebasara la capacidad de evacuación natural del río, justo donde se encuentra San Antonio de Areco.
El agua provocó también, recordó la denuncia, el corte de las rutas nacionales 8 y 9 en esa zona.
"En síntesis, buena parte del agua que debía retenerse en la cuenca rural fue derivada de manera directa y artificiosa, mediante esos canales hacia el río y de allí a la ciudad", refleja el escrito.
La denuncia da cuenta que el canal local mostró más de doce "canales clandestinos" de entre 7 y 20 kilómetros de extensión y también refleja las declaraciones de dirigentes agropecuarios que admitieron esa realidad.
En función de esta situación, la Subsecretaría considera que hay "entidad suficiente para generar la investigación que se solicita".
Además, el escrito destaca "la competencia federal de esta denuncia" que surge por "el corte de las rutas nacionales 8 y 9" y la posibilidad de que el desborde del río -un afluente del Paraná- "haya provocado daños de consideración en otras jurisdicciones".
De acuerdo con el escrito, el gobierno ya ha encarado un estudio sobre el impacto de los canales con el Instituto Nacional de Agua y, además, realizará una auditoría con una universidad nacional para "poder contar con un informe de mayor precisión".
Por los hechos denunciados, el escrito considera que "constituirían los delitos previstos en el artículo 186, bajo el título de "Delitos contra la seguridad pública", cuyo capítulo 1 hace referencia a que será castigado "el que causare incendio, explosión o inundación".
Y también en el 196 que especifica que será reprimido con prisión de seis meses a tres años el "que por imprudencia o negligencia o por impericia de su arte o profesión o por inobservancia de los reglamentos u ordenanzas, causare un descarrilamiento, naufragio u otro accidente".