La magnitud de las lluvias que cayeron sobre extensas regiones del país ha sido la principal causa de las inundaciones, que no han respetado pueblos, ciudades ni tampoco extensas áreas de cultivos que reducirían la importante recolección de soja, estimada para el año próximo en 50 millones de toneladas. Al mismo tiempo, las autoridades responsabilizaron por las inundaciones a los productores y pidieron que los investigue la Justicia, cuando el camino debería ser el inverso: son los fiscales quienes deben decidir si es preciso investigar.
Para la autoridad pública, la culpa por tanto daño ocurrido en San Antonio de Areco, la ciudad que parece más afectada, recaería en la irresponsable e ilegal apertura de zanjas y canales por parte de productores para deshacerse de los excesos de agua transfiriéndolos a sus vecinos hasta llegar al casco urbano, ocasionando formidables daños y pérdidas de vidas humanas.
Opiniones autorizadas indican que las causas son múltiples. La principal es la inusual magnitud de las lluvias, que rivaliza en esta triste comparación con las mayores ocurridas desde que hay registros pluviométricos. Por suerte, la solidaridad de la gente palió, en parte, los terribles daños ocasionados por el agua en San Antonio de Areco. Confluye también la estrechez de los puentes construidos en las rutas, que funcionan como diques de contención aguas arriba, mientras que la crecida simultánea del Paraná podrá asimismo reducir el derrame sobre el gran río.
Los canales de desagüe que puedan haber sido excavados por productores debieron ser conocidos mediante fáciles procedimientos, de tal forma que la responsabilidad de su permanencia cabría a la autoridad hídrica provincial. Parece así fácil endilgar las culpas a los productores de la zona.
Sin embargo, ni cortos ni perezosos, tanto el ministro de Planificación, Julio De Vido, como el gobernador Daniel Scioli han informado que harán penalmente culpables a productores por tales procedimientos antisociales. Lo recomendable al respecto consiste en que los fiscales investiguen el caso con la mayor independencia, para luego informar públicamente sus conclusiones, adoptando las resoluciones que resulten pertinentes.
Si esto ocurre en el ámbito urbano, gravísimos perjuicios se proyectan sobre los cultivos agrícolas y sobre pueblos y ciudades del interior. Una superficie cultivada aún no cuantificada dañará las cosechas. Cubre amplios territorios del sur de Santa Fe, Córdoba y el noroeste bonaerense.
La soja de reciente siembra suele estar tapada de agua, una situación que se soporta sólo por dos o tres días, sin mayores perspectivas de resiembra por lo avanzado del año. El trigo y el girasol sufren por razones diversas, mientras que sólo el maíz, por su mayor estatura, logra sobrevivir más tiempo.

Consuela pensar que los años de muchas lluvias han provisto cosechas abundantes. Sin embargo, el cuadro actual se ve amenazado por el exceso de abundancia y resulta incierto el desenlace. Lamentablemente, hemos pasado de una intensa sequía a estas graves inundaciones.

La actitud oficial parece indicar que su resentimiento y ofuscación con el agro no han perimido. Se recuerdan hechos como los incendios ocurridos en el delta del Paraná, que dieron lugar a acusaciones de cuño parecido al actual. O por ejemplo las manifestaciones oficiales respecto del escaso riesgo que afronta la producción rural, negados una y otra vez en casos como el actual y también en los de sequías, heladas, granizo o comportamientos indómitos de los mercados. Los acontecimientos actuales proveen buen material para una madura reflexión.