Por las aguas del río Paraná pasa el 82% de las exportaciones agropecuarias del país. Cerca de US$ 18.000 millones se exportan desde esa vía cuya concesión está en manos de Hidrovía, una compañía del empresario local Gabriel Romero (que también maneja el Ferrocarril Belgrano y otros servicios públicos) y la belga Jan de Nul.
De bajo perfil y buena llegada a radicales y peronistas, Romero se adjudicó junto con su socio la licitación en 1995, bajo el gobierno de Carlos Menem. La concesión caducaba en 2013, pero ahora el Gobierno nacional decidió prorrogarla. El empresario, de buena llegada a los Kirchner, podrá seguir haciendo negocios por 8 años más, hasta 2021, sin tener que ganar una nueva licitación. Así, Hidrovía seguirá facturando US$ 114 millones anuales, monto que recibe por los peajes que abonan los barcos que pasan por el río.
La compañía solicitó la prórroga frente a un incumplimiento del Estado en el default de 2002. Hasta allí, le pagaron US$ 40 millones anuales para que realizara obras de dragado. Después del default y la pesificación, la compañía dice que no recibió ese subsidio, aunque se benefició del mayor volumen de exportaciones, por el que duplicó sus ingresos por peajes.
Tras negociar con el Gobierno, en febrero de 2009, el acuerdo con Hidrovía pasó por varias audiencias públicas. "Los exportadores (como Cargill, Aceitera General Deheza o Bunge), representantes de las provincias (Santa Fe, Chaco) convalidaron nuestro pedido de 8 años más de concesión", explican en la empresa cuyo titular fue uno de los 60 empresarios amigos que participó en la cena que convocó Cristina Kirchner en diciembre en la Quinta de Olivos. La de la Hidrovía es una de las pocas renegociaciones de contrato que se concretaron. Hay más de 50 compañías de servicios públicos que aún están sin definición.
Durante los próximos tres años, la compañía volverá a recibir un subsidio estatal anual de US$ 37,5 millones. Será para que pueda extenderse desde el puerto de Santa Fe hacia el norte. En ese lapso, no podrá aumentar las tarifas.
La licitación de Hidrovías fue investigada judicialmente en 2001, bajo la acusación de que podría haber sido perjudicial para el Estado. "Tuvimos cuatro años de auditorías, con todos los libros a la vista y en 2008, la Justicia nos sobreseyó", defienden en la empresa.