La concesión del servicio de agua potable en los tres principales Departamentos de la Provincia estaba prevista para extenderse en el tiempo, pero el Estado riojano tomó la determinación de rescindir el vínculo legal y comenzar un complejo proceso sobre el cual por ahora existen pocas certezas.
La decisión de rescindir el contrato con Aguas de La Rioja abre dos frentes para el Estado provincial: la pelea judicial sobre quién tiene la culpa del fracaso de la concesión y por ende las responsabilidades económicas, y al mismo tiempo resolver cómo será el nuevo servicio que se brindará a los vecinos de Capital, Chilecito y Chamical.
La pelea judicial será larga e incluirá varias presentaciones de la propia empresa, del Gobierno riojano y de los municipios. Mientras que en el caso del servicio será estatal en una primera etapa y luego se convocará a los capitales privados (ver recuadro en este mismo informe).

Batalla judicial
Los equipos técnicos de la Provincia y del municipio capitalino (ver recuadro en este mismo informe) ya están trabajando en la estrategia judicial.
El principal argumento del Gobierno será que la empresa no cumplió con las inversiones que debía realizar y que la Provincia se terminó haciendo cargo de esa carencia.
Por otra parte, remarcarán en los datos que le aportó la auditoría concretada desde la declaración de la intervención a la empresa en septiembre del año pasado.
Tal como publicara NUEVA RIOJA hace un mes, en esa auditoría se detectó que la empresa gastó recursos extraordinarios en items increíbles (el pago por regalos de fin de año alcanzó cifras muy altas) y también que se abonaron sueldos a personas que no tendrían funciones dentro de la concesionaria.
A estos planteos se le sumará uno que en el Gobierno consideran el más grave: la empresa no tendría fondos propios. Fue el propio gobernador Luis Beder Herrera quien afirmó la semana pasada: "La Provincia en este caso hizo muchísimas inversiones, pero la empresa no tiene con qué responder, no tienen vehículos, no tienen edificios, no tienen nada", dijo el mandatario provincial.
Las declaraciones del funcionario fueron ampliadas por el titular del Ente Único de Control de las Privatizadas (EUCOP), Félix Moya, quien aseguró que están investigando qué pasó con el Fondo de garantía que la empresa debería haber depositado en el año 2002.
El otro tema que los abogados del Estado riojano ya están analizando es la situación del fideicomiso conformado con la empresa G.A. Esta entidad fue beneficiada con la transferencia de los ingresos que tenía Aguas de La Rioja en los últimos meses de la concesión del servicio.
Aunque los funcionarios son muy cautos, advierten que la determinación que la empresa concesionaria tomó antes de terminar la concesión y cuando la ofensiva del Gobierno provincial ya era evidente, es por lo menos sospechosa en relación con la capacidad de afrontar los pagos que le reclamarán ante la Justicia.
Inclusive, el Fiscal de Estado, Gastón Mercado Luna, anticipó que la denuncia judicial sería por administración fraudulenta, con todo lo que ello implica.

Objetivo
Los funcionarios provinciales apuestan a avanzar sobre la empresa como persona jurídica, más allá del final de la concesión. En el caso de que Aguas de La Rioja no tenga recursos para afrontar las denuncias, saben que tendrán que recurrir a sus socios de la provincia de Corrientes.