Al conmemorarse hoy el Día Mundial de los Humedales, las evidencias de que este ecosistema es depredado en el país, a pesar de estar protegido por la Ley de Vida Silvestre, se reflejan en que empresas talan más de la superficie autorizada y el gobierno federal promueve obras que afectan zonas prioritarias, como el complejo de lagunas costeras Marismas Nacionales, señalaron organizaciones ambientalistas.
La Administración Portuaria Integral (API) de Manzanillo ha destruido más del doble del manglar autorizado, ya que en su Manifestación de impacto ambiental solicitó la remoción de 30 hectáreas, pero información de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad revela que ya deforestó 66 hectáreas, señalaron en un comunicado el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Defensores de la Vida Salvaje, Guardianes del Agua, Bios Iguana y Greenpeace.
Ante ello, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) debe revocar la autorización a la API, porque ha falseado información, consideró Esperanza Salazar, de Bios Iguana. Detalló que en 2008 y en ese mismo municipio, la dependencia autorizó a la Comisión Federal de Electricidad la destrucción de 8 mil metros cuadrados de manglar para la construcción de la Terminal de Gas Natural Licuado de Manzanillo.
En tanto, el año pasado la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró las obras del proyecto Punta Carey, en Quintana Roo, por deforestar manglar al delimitar un predio.
Otro proyecto sin autorización por parte de la Semarnat es el Centro Integralmente Planeado (CIP) de la Costa del Pacífico en Escuinapa, Sinaloa, inaugurado el 17 de febrero por el presidente Felipe Calderón.
Este CIP sería del doble de tamaño que el de Cancún, ya que se desarrollaría en 2 mil 381 hectáreas y tendría una capacidad de 44 mil 200 cuartos. El riesgo es que se ubicaría junto a las Marismas Nacionales, el sistema de ese tipo más importante del Pacífico mexicano, que posee 10 por ciento de los manglares del país, y está catalogado como humedal de importancia mundial.
Sumado a ello, la Semarnat aprobó el proyecto Entre Mares, financiado por Deutsche Bank México, que se pretende ubicar en 390 hectáreas en la zona conocida como El Mogote, en La Paz, Baja California Sur.
Las organizaciones precisaron que la destrucción de manglares y especies vegetales consideradas en riesgo por la norma oficial mexicana 059 está tipificada como delito en los artículos 418 fracción I, 420 fracción 5 y 420 bis fracción 1 del Código Penal con sanciones de hasta 12 años de prisión cuando el delito se comete en un área natural protegida.