El gobierno de Brasil exigirá una inversión de 1.500 millones de reales (US$800 millones) en acciones de mitigación ambiental y social para la empresa que construya la controversial represa hidroeléctrica Belo Monte, en la Amazonía.
El ministro del Medio Ambiente, Carlos Minc, afirmó ayer en Río de Janeiro que “con certeza será la licencia que tendrá el mayor número de exigencias de la historia, la empresa constructora tendrá que gastar cerca de 1.500 millones de reales en proyectos de mitigación”.
Minc detalló cuarenta condiciones ambientales para liberar la construcción de la obra, incluyendo construcción de escuelas y reforestación de ciertas áreas y obras para mitigar el impacto ambiental de la represa sobre el amazónico río Xingú.
Un panel de 40 especialistas alertó que la represa tendrá un impacto ambiental devastador, al desviar 80% de las aguas del río, y obligará a desplazar a pobladores de sus tierras ancestrales.
La hidroeléctrica Belo Monte tendrá una capacidad instalada de 11.231 megavatios por mes, aunque expertos dicen que sólo generaría 1.000 megavatios por mes durante la temporada seca de la Amazonía, de junio a septiembre.

Licencia ambiental
La licencia ambiental es un paso previo a la licitación de la obra entre empresas privadas.
El ministro de Minas y Energía, Edison Lobao, había reclamado insistentemente la concesión de la licencia y advirtió que su atraso podría generar trastornos en el abastecimiento energético del país.