Basado en la proliferación de empresas públicas que operan bajo el derecho privado, el presidente electo, José Mujica, cuestionó ayer si no se debería modificar el derecho público. Ley de compras o Tocaf están entre las que se modificarían.
En las últimas semanas Ancap firmó un acuerdo con UTE para conformar una Sociedad Anónima para encargarse de la construcción de una regasificadora. Pero esta no es la única. La Administración Nacional de Puertos tiene un proyecto para crear una Sociedad Anónima para la draga del puerto. UTE también formó una Sociedad Anónima para la interconexión energética y OSE hizo lo mismo para la venta de unidades potabilizadoras entre otras.
La lista continúa con la Corporación Nacional para el Desarrollo, la Corporación Ferroviaria del Uruguay, Ducsa y Alcoholes del Uruguay, empresas públicas que se rigen bajo el derecho privado con el único objetivo de ahorrar tiempo y dinero y ser ágiles para operar.
Con el abanico de casos, Mujica planteó ayer a la salida de una reunión con los representantes del Banco Mundial discutir una posible reforma del derecho público.
"La cosa más importante que me llevo de este evento es una pregunta que querría transmitirle a toda la sociedad uruguaya. Cada vez tienden a aparecer más con necesidades justificadas, pedidos, de instituciones públicas de derecho privado, distintas agencias, ya son tantas que no me acuerdo las siglas. ¿Por qué pasa eso en Uruguay? ¿Es correcto ese camino? Para mí está denotando que el derecho público crea enormes dificultades para poder funcionar y los hombres en su afán de poder resolver problemas tienden a crear instituciones. Es como si tuviéramos un Estado que tiene dificultades de funcionar y tendemos a generar otro al costado que se mueve con otra matriz de carácter jurídico. ¿Será bien ese camino que estamos llevando o tendremos que reformar el derecho público?", sostuvo.
"Esto tiende a extenderse por eso está reflejando algo", dijo el presidente electo.
Consultado por El País, Mujica no quiso identificar qué leyes podrían modificarse.
Sin embargo, más tarde el futuro ministro de Economía y Finanzas, Fernando Lorenzo, dijo que una forma es "modernizar los sistemas de compras públicas", que implica modificar la ley para reducir "procedimientos engorrosos". También "procedimientos de licitación, de concesión, de adjudicación de obras", que también requieren modificar el derecho público y otros que pueden estar dentro del Tocaf, sostuvo el futuro ministro.
"Hay que leerlo en clave de los instrumentos más adecuados para llevar adelante los proyectos" porque a veces se dan situaciones que muestran "que nuestro marco jurídico debe ser remodelado", agregó.
La reforma del Estado fue uno de los temas que sobre voló las discusiones con los representantes del Banco Mundial ayer en el segundo día de reuniones con el gobierno electo y que continuarán hoy entre el organismo y toda la oposición.

INFRAESTRUCTURA. Otro tema que volvió a estar sobre la mesa fue el de la necesidad de invertir en infraestructura.
El Banco Mundial planteó al gobierno que debe avanzar en los planes de construcción del muelle C y D y en la segunda playa de contenedores. El organismo resaltó los avances que se dieron en el gobierno lo que permitió "mejorar la competitividad" de la terminal. Sin embargo señaló que dos debes del sistema son la "profesionalización del transporte" y la mejora de la eficiencia de la carga, esto es "que las empresas operen de forma que un camión que entre lleno no salga vacío", dijeron a El País fuentes que participaron de la reunión.
El martes, el Banco Mundial planteó al gobierno que Uruguay "necesitaría una inversión mínima de 3% a 5% en infraestructura en promedio el próximo quinquenio si quiere mantener o aumentar sus indicadores como la calidad de vida", dijo a El País el futuro ministro de Industria, Roberto Kreimerman. Esto implica unos US$ 1.800 millones, algo que el gobierno aceptó pero considera, según fuentes consultadas, que "todavía hay que ver si se quiere llegar a esa cifra y, en tal caso, si el Banco la prestaría".
Por otra parte se habló del cambio climático y la inversión en infraestructura para mitigarlo. El futuro ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre planteó que la disponibilidad de agua es un tema a resolver en Uruguay en vistas de las perspectivas de cambio climático que vive el mundo.
En esta línea sostuvo en la reunión que la solución no sólo pasa por la construcción de tajamares sino que se requieren represas que deberán erigir tanto privados como el Estado.
Varios de los integrantes del gobierno y del Banco Mundial abandonaron ayer el hotel NH Columbia con un mazo de papeles con apuntes.
Al borrador de ideas que presentó el Banco Mundial al gobierno se agregaron varios apuntes con planteos oficiales. Ahora se espera su publicación y que se inicien las negociaciones para terminar recién sobre mediados de año en la aprobación del programa de asistencia al país para el quinquenio.

En tres semanas llegarán del BID
El 26 de febrero se dará un nuevo cónclave entre las autoridades del gobierno electo y los representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para avanzar, tal como se hizo con el Banco Mundial, en la definición de áreas en las que el organismo podría colaborar tanto con desembolso de dinero como con asistencia técnica en los próximos cinco años.
El presidente Luis Alberto Moreno dijo a El País en una entrevista en diciembre que en la reunión está previsto conversar sobre "temas de infraestructura, financiamiento de la pequeña y mediana empresa, el tema del ferrocarril, los temas de agua y saneamiento". También mencionó asuntos vinculados a la educación "en los cuales el Banco ha venido contribuyendo a través de muchísimos años" así como sobre el cambio climático.