En la página 3 leemos que Obras Sanitarias necesita inmediatamente $30 millones para mantener su funcionamiento operativo hasta diciembre y entre $500 y $600 millones para obras en cinco años. No hay que olvidar que luego de la intervención estatal el Gobierno dispuso una suba de tarifas de 36,5% que durante años le negó al concesionario privado. Este aumento era el tercero dado en 15 años. El primero fue en 1994, cuando la firma todavía era estatal, y luego hubo uno de 19,7% en 2008, antes de la intervención. Es decir que ese último fue dado luego de la larga agonía de la concesión, a la cual se le negaron subas de tarifa aun cuando estaban dispuestas por contrato. Es aquí donde surgen las dudas, porque se les hace creer a los usuarios que la culpa de todos los males son por los perversos privados que no cumplen con lo que se han comprometido y la situación dada pone a la luz que también ha existido un flagrante fallo estatal. No hay que olvidar que las concesiones de servicios públicos son en empresas en las que la pata estatal representa un porcentaje muy importante, casi la mitad del negocio. Sería bueno que se les diga a los usuarios que los servicios no son gratis y que cuando se los mantiene durante años sin aumentos para evitar el mal humor social, en una actitud demagógica, es cuando se produce buena parte de los desfasajes que llevan a estas situaciones de crisis. El esquema debería ser simple. Un privado toma una concesión que cuenta con un organismo de control según el contrato y todos los resortes, si esa pieza jurídica estuvo bien hecha, para exigir determinados cumplimientos. Pero ese contrato también tiene una serie de cláusulas para el concedente, en este caso el Estado, que para colmo sigue siendo dueño de buena parte de la empresa. Ese Estado no cumple con lo pactado y no da los aumentos de tarifas requeridos para poder cumplir con los planes de obra. Después es muy fácil echarle la culpa a la concesionaria, sin aclarar que es ya casi imposible determinar si ha incumplido porque es una incumplidora o porque a su vez no cumplieron con ella. Lo que está sucediendo hoy en OSM da sustento a esto porque hoy el Estado sólo pide plata para hacerla funcionar. ¿Si se la hubiera dado a la concesionaria qué habría pasado?
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