El gobierno brasileño dio el lunes autorización ambiental a la hidroeléctrica de 11.000 MW de potencia y anunció que en abril abrirá la licitación del proyecto valorado en 11.000 millones de dólares y que abarcará un área de 500 km2.
La oposición es frontal en las comunidades distribuidas a lo largo de más de 100 km de la cuenca del rio Xingú y en el municipio de Altamira, en el estado norteño de Pará.
"Será un proyecto de muerte para beneficiar a las empresas. Al contrario de lo que dicen, no es energía limpia: genera gas metano que causa el cambio climático y gravísimos daños socioambientales, con 30.000 desalojados", dijo Antonia Melo, del movimiento Xingú Vivo, que integran 150 organizaciones indígenas y sociales.
Uno de los más activos opositores, el obispo del Xingú, Erwin Kräutler, denunció a la AFP: "El proyecto subestima completamente las consecuencias irreversibles, será el caos; Lula prometió diálogo con la población, y no hubo más diálogo".
La principal objeción es que "no se garantiza la supervivencia en los 100 km en los que el río será desviado y donde habrá una eterna sequía", afirmó Raul do Valle, abogado de la ONG Instituto Socioambiental.
Ambientalistas y pobladores locales también temen que el escaso flujo de aguas en el verano obligue a hacer otras represas.
Las comunidades locales anunciaron protestas callejeras y acciones legales. También la fiscalía local advirtió de que puede tomar medidas.
Los procuradores también cuestionan el proyecto, que requerirá "excavaciones equivalentes a la obra del canal de Panamá" y duplicará la población regional, con al menos 85.000 personas que llegarán buscando trabajo, lo que significa más presión sobre la tierra, deforestación y demanda de servicios que ya son escasos, dijo el procurador Ubiratan Gazetta.