YPF y el gobierno de Entre Ríos firmarán este martes un convenio para la exploración del subsuelo provincial en busca de petróleo. Pero ese anuncio, promocionado como un negocio que derivará en regalías para las arcas provinciales, será, en realidad, el punto de partida de un inesperado conflicto ecológico. Vecinos autoconvocados, geólogos y diferentes ONG conservacionistas aseguran que la perforación del lecho subterráneo podría generar un altísimo impacto ambiental sobre el acuífero Guaraní, la reserva de agua potable más grande de la Argentina.
El caso viene generando debate en los medios de comunicación locales, pero hasta ahora no había tenido repercusión nacional. Los ecologistas consultados por Crítica de la Argentina denuncian que el gobernador Sergio Urribarri operó el convenio con YPF sin plantear el tema en el Parlamento provincial y sin realizar una consulta popular acerca de los riesgos que implica el proyecto para los recursos naturales entrerrianos. “Urribarri no cuenta con la licencia social para hacer esto. Debería haber llamado a un plebiscito para que la ciudadanía se pronuncie. Dice que actividades primarias como la ganadería y la agricultura pueden convivir con la extracción petrolera, pero es falso”, cuenta Guillermo Luciano, titular de la ONG Fundavida, organización que acaba de iniciar una campaña para difundir el caso. En un último comunicado remarcan: “El próximo martes se consumará la violación. Ante el silencio cómplice de muchos, y la preocupación de quienes pretendemos vivir en un mundo donde prime el respeto a la vida, de cumplirse lo anunciado, el gobernador Urribarri otorgará permiso a YPF para que atraviese el acuífero Guaraní buscando petróleo. Esta empresa es denunciada diariamente por la manifiesta irresponsabilidad con que actúa. Sólo nos queda esperar que la providencia nos proteja frente a tanto desatino”.

EL AGUA PURA. La provincia de Entre Ríos es como una balsa de 78.781 kilómetros cuadrados que flota sobre un enorme acuífero. Ese océano subterráneo, justamente, aflora por sus contornos, y también por su interior, en la forma de ríos, arroyos, humedales y bañados. Prácticamente toda la economía regional depende del agua: desde la agricultura y la ganadería hasta el turismo termal y la industria frigorífica. “De existir petróleo –explica el director de Fundavida– está debajo del acuífero. Se han hecho por lo menos quince perforaciones para el turismo termal, de casi mil metros cada una, y en ninguna se encontró petróleo. Pero hay una excavación de 1961 en la que sí se halló. Por lo tanto, está claro que el plan es atravesar esa reserva de agua pura”.
Según las autoridades provinciales, las áreas de exploración acordadas con Repsol-YPF se encuentran al norte de la ruta nacional 18 –que corta la provincia de este a oeste– en una región que comprende los departamentos de Feliciano, Federación, La Paz, Federal, y parte de los de Paraná, Villaguay, San Salvador y Concordia. Se trata de un territorio que concentra numerosas actividades productivas. De acuerdo con registros del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la región abarca seis zonas agroeconómicas homogéneas, en las que predominan la ganadería bovina y ovina, el 98% de la superficie citrícola provincial, el 43% de los cultivos forestales y extensas superficies sembradas de soja, trigo, arroz, lino, sorgo y maíz. “Perforar el acuífero –dice Luciano– sería afectar muchas de estas actividades, ya sea por el alto riesgo de la perforación en sí, por la emanación de gases o por cualquier desperfecto que desemboque en tragedias ambientales como la de Shell en Magdalena”.
Más cauto, Diego Rodríguez, director ejecutivo de la ONG ambientalista M’biguá, analiza: “En Entre Ríos se hicieron varios pozos hace muchos años con resultados negativos. Pero por las proyecciones que hacen ahora, debajo del acuífero, al norte de la provincia, habría petróleo. Entiendo que en la primera etapa YPF no va a perforar, sino a detectar y entonces después sí haría el pozo. Pero antes de eso la empresa debería presentar una serie de medidas para disminuir los riesgos ambientales. Así lo exige la ley provincial de hidrocarburos”.
“De todos modos –concluye– toda exploración de este tipo es de alto riesgo. No nos oponemos, pero sí nos interesa que se cumplan todos los requisitos: sabemos que el costo ambiental vendría con la extracción”.
Según un informe del Observatorio Petrolero Sur (OPS), el convenio de exploración entre YPF y Entre Ríos se enmarca en el Programa de Desarrollo Exploratorio 2010-2014, que la compañía lanzó en diciembre. Dicho programa inaugura un proceso de selección de áreas para la exploración hidrocarburífera en casi todas las provincias del país.
En efecto, explican desde el OPS, “a partir de la promulgación del decreto 546/03 y la sanción de la ley 26.197/06, ambas durante la presidencia de Néstor Kirchner, muchas provincias encararon el dominio de sus recursos y se lanzaron en una agresiva campaña a licitar zonas de exploración y explotación, actualizando sus legislaciones internas y otorgando exenciones impositivas para atraer el capital privado, convirtiéndose así en las nuevas interlocutoras de la industria petrolera. Así, motivadas por el alza en el precio de barril de crudo y la caída del horizonte de reservas del país, vieron en el petróleo una nueva fuente de ingresos frente a los crecientes déficits fiscales”.

CRUDO. El secretario de Medio Ambiente de Paraná, Fernando Raffo, es claro: “La secretaría todavía no evaluó el caso. Pero nuestra normativa ambiental incluye el tema de la participación ciudadana y antes de que se avance en cualquier rumbo, la gente deberá dar su opinión”.
Los ambientalistas opositores argumentan que YPF fue cuestionada por varios casos de impacto ambiental. Recuerdan el más reciente, ocurrido en el Golfo San Jorge (Chubut y Santa Cruz), donde trabajadores y empresarios de la pesca están exigiendo respuestas sobre la actividad de prospección y exploración offshore porque sostienen que desde que se llevaron adelante esas tareas en el lugar la vida marina fue aniquilada. “Los barcos vuelven vacíos porque no hay nada”, denunciaron en una carta de prensa.
Crítica de la Argentina se comunicó con la petrolera para conocer sus intenciones en el subsuelo entrerriano. A través de un vocero, la devolución fue breve: “El acuerdo que se va a firmar con la provincia de Entre Ríos sólo fija el inicio de estudios”.
En la misma línea el secretario de Energía del gobierno de Entre Ríos, el ingeniero Raúl Arroyo, dijo que está previsto que se realicen todos los estudios de impacto ambiental que sean necesarios. “Nuestra intención no es poner en peligro el acuífero. En este proceso, la perforación es lo último que se hace. Primero vienen una serie de trabajos superficiales para después sí llegar a la extracción. Si se hace todo bien, se hace todo con encamisado. O sea que uno puede atravesar las capas geológicas sin afectar al resto”, explicó el funcionario. Arroyo no ve polémica alguna, pero no descarta que el tema sea sometido a consulta popular. “Llegado el caso, está previsto”, concluyó.