El defensor del Pueblo de la Provincia, Martín Díaz Achával, reveló que pedirá informes ante el defensor del Pueblo de Tucumán, el secretario de Medio Ambiente de dicha provincia y el Comité de Cuenca Salí-Dulce, sobre las proyecciones de producción de los efluentes industriales previsto para este año, ante un potencial incremento de la producción azucarera y de alcohol, entre otras, y si nuevas empresas se han incorporado al Programa de Reconversión Industrial.
El ombudsman llamó a la reflexión al gobierno, instituciones de la producción y el trabajo de la vecina provincia de Tucumán, “porque la Justicia Federal está actuando, como en el caso del Ingenio La Trinidad, que cerrará de no reconvertirse. Además, la jurisprudencia, en el caso del sistema Riachuelo-La Matanza, ante la Suprema Corte de Justicia, nos habilita la posibilidad de recurrir a las mismas instancias jurídicas en procura de una solución rápida y definitiva a una problemática que exige una solución a corto plazo”.
En declaraciones a la prensa, al aludir al tema de la contaminación de la Cuenca Salí-Dulce, el defensor del Pueblo de la Provincia informó que se seguirá de cerca el curso de las acciones judiciales, incoadas ante la Justicia Federal, en Tucumán y Santiago del Estero. Requerido sobre si las últimas precipitaciones intensas en la cuenca “limpiaron” los efectos superficiales de la contaminación, afirmó que “es un mero paliativo estacional. El problema se reitera año a año, durante la época de la zafra, fuera del período estival, donde las aguas del río Salí ingresan a la capital de la vecina provincia con un índice de 8 a 9 DBO y en la desembocadura en el embalse de Río Hondo llegan con -0,5 DBO. Esto es grave. El empresariado tucumano está acostumbrado a contaminarnos, o sea no hay cabal conciencia de que se debe producir de manera limpia y sustentable”. Sentenció que “según un informe de la Defensoría del Pueblo de la Nación, el 96% (92% ingenios, citrícolas y papel, y 4% otras actividades) de la contaminación en la Cuenca Salí-Dulce es de origen orgánico, producto del desecho industrial sin tratamiento que se vuelca a la cuenca”.
Díaz Achával reflexionó que “no se puede producir de manera irresponsable, en el siglo XXI con toda la tecnología existente. Lo concreto es que el gobierno de la provincia de Tucumán no está haciendo respetar la ley”.