El ministro de Infraestructura, Julio De Vido, fue denunciado ayer ante la Justicia por haber designado en el organismo encargado de limpiar la cuenca Matanza-Riachuelo a Alberto Daniel García, procesado en la causa por el llamado caso Greco. La información se había hecho pública a partir de una investigación de Crítica de la Argentina.
La presentación fue realizada por el abogado Ricardo Monner Sans y recayó en el juzgado federal Nº 9, a cargo del magistrado Julián Ercolini, con intervención del fiscal federal Miguel Osorio. Monner Sans pidió que se investigue si De Vido violó el artículo 253 del Código Penal que reprime con multas e inhabilitación “al funcionario público que propusiere o nombrare para cargo público a persona en quien no concurrieren los requisitos legales”. Porque, prosiguió, “la información indica que Alberto Daniel García se encuentra procesado por otro de los escándalos de corrupción en los tiempos del kirchnerismo, el llamado caso Greco”, en el cual se incurrió en un supuesto fraude, por medio del que se le pagó con fondos públicos a un grupo económico privado.
García fue designado director de Asuntos Jurídicos gracias a la gestión de Alessandra “Lali” Minnicelli, la esposa de De Vido, que ejerce como jefa de asesores ad honorem de Planificación. Su nombramiento fue calificado como “escandaloso” desde la Coalición Cívica, “porque es inaceptable que alguien que está procesado sea designado en un organismo que cuenta con un presupuesto anual de 186 millones de pesos”. La cuenca del río Matanza-Riachuelo es la más contaminada de la Argentina. Más de 3.000 industrias que están instaladas a sus orillas descargan efluentes sin tratamiento en el sistema de recolección de agua o directamente en el río. En sus márgenes viven cerca de cinco millones de personas en condiciones de riesgo: el 35 por ciento carece de acceso a agua potable y el 60 por ciento no está conectado al sistema cloacal.