Un pormenorizado informe fue dado a conocer hoy en el país, con el fin de denunciar la poca rigurosidad por parte de las autoridades locales a la hora de erradicar la basura de la Cuenca Matanza-Riachuelo.
El documento fue publicado por el Cuerpo Colegiado que coordina el Defensor del Pueblo de la Nación, cuando han transcurrido 17 meses desde la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ordenó la ejecución del Plan de Saneamiento de dicho lugar.
Dentro de los principales problemas que se mencionan en el informe, destacan el hecho de que no se inspeccionó la totalidad de las industrias de la Cuenca ni se avanzó en los planes de reconversión industrial. También se encuentra postergada la erradicación de los basurales a cielo abierto existentes y la prioritaria atención sanitaria de la población expuesta a riesgo ambiental.
Pese a las dificultades e incumplimientos que reinan en el informe, dentro de éste también se resaltan algunos avances en la ejecución, y se espera que los déficits sean subsanados durante el presente año por la Autoridad de la Cuenca Matanza - Riachuelo (ACUMAR).
El informe propone con relación a las autoridades involucradas "a tomar, en el marco de un amplio consenso con el resto de las fuerzas políticas y los actores económicos y sociales del territorio de la Cuenca, las decisiones necesarias para cumplir con lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación".
"Es necesario que las políticas a implementarse cuenten con un explícito y amplio apoyo político construido a partir de acuerdos entre todos los sectores a fin de dar continuidad a los planes y dotar a la ACUMAR de los recursos humanos, financieros y materiales apropiados para funcionar con solvencia técnica y capacidad organizativa, evitando las marchas y contramarchas que han caracterizado su débil accionar hasta el presente" asegura entre otros puntos el documento.
Cabe destacar que el Cuerpo Colegiado que coordina el Defensor del Pueblo de la Nación está integrado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación de Vecinos La Boca, la Fundación Greenpeace Argentina y la Asociación ciudadana por los Derechos Humanos.