El Defensor del Pueblo de la Nación y las ONG que se presentaron como parte ante la Corte Suprema de Justicia en la causa por el saneamiento de la Cuenta Matanza Riachuelo elaboraron un informe a un año y 5 meses de la sentencia del Máximo Tribunal que ordenó la ejecución de un plan con ese objetivo, y denunciaron falta de inspección a industrias y el aumento de basurales a cielo abierto.
Si bien en el Informe se destacan algunos avances en la ejecución de los programas, se detallan numerosos déficits, faltas de cumplimiento y coordinación por parte la Autoridad de la Cuenca Matanza - Riachuelo (Acumar), que preside el secretario de Ambiente, Homero Bibiloni.
El informe destaca, entre otros aspectos, que no se inspeccionó la totalidad de las industrias de la Cuenca ni se avanzó en los planes de reconversión industrial. También se encuentra postergada la erradicación de los basurales a cielo abierto existentes y la atención sanitaria de la población expuesta a riesgo ambiental.
En materia de control de la contaminación de origen industrial, indica que las inspecciones se han reservado a un universo incompleto de industrias, y que del listado de la Acumar, sólo se inspeccionó el 20%. Además, señala que a noviembre de 2009 no se había aprobado un sólo Programa de Reconversión Industrial.
Subraya debilidad en las decisiones adoptadas para recuperación y protección de los ríos y arroyos, y dice que las metas de calidad de agua aprobadas por la Acumar son de mínima recomposición ambiental en el mediano y largo plazo, y exceptúan a la empresa Aysa.
Una de las mayores falencias estaría, según el informe, en reconversión industrial y relocalización del Polo Petroquímico Dock Sud, donde no se han tomado medidas concreta, salvo relocalizar empresas que no son propietarias de los terrenos.
En cuanto a saneamiento de basurales y gestión de residuos sólidos urbanos, manifiesta precariedad en la planificación y ejecución de acciones. El fallo de la Corte dio plazo hasta febrero de 2010, y el plan trazado por la Acumar prevé tareas hasta 2015, e incluso este cronograma no se habría cumplido.
No se habrían tomado medidas preventivas para evitar nuevos basurales, ya que habría 171 cuando hace 17 meses se informó a la Corte la existencia de 105, ni tampoco existiría ningún plan para relocalizar asentamientos humanos sobre estos basurales.
Respecto del saneamiento cloacal, el informe remarca que el préstamo del BIRF (Banco Mundial) para las obras previstas no se encuentra operativo porque la Argentina no ha cumplido las condiciones previas, entre las que se destaca la presentación del contrato de concesión de la empresa Aysa.
El informe corrió por cuenta del Cuerpo Colegiado que coordina el Defensor del Pueblo y está integrado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación de Vecinos La Boca, la Fundación Greenpeace Argentina y la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos.
Tras dar los primeros pasos en junio de 2006 y luego de varias audiencias públicas, la Corte dictó el 8 de julio de 2008 un fallo en la causa “Mendoza Beatriz Silvia y otros c/Estado nacional y otros s/daños y perjuicios (daños derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza - Riachuelo)”.
El fallo determinó quienes serían los responsables de llevar adelante las acciones y las obras de saneamiento, el plazo en que las mismas debían ser cumplidas, dejando abierta además la posibilidad de imponer multas para el caso de incumplimiento, en cabeza del presidente de la Acumar, Bibiloni.