Hace 19 meses la Corte Suprema de Justicia dictaba un fallo por el cual obligaba al Estado Nacional, a la Provincia de Buenos Aires y a la Ciudad a sanear de una vez por todas el río Matanza Riachuelo, símbolo nacional de la contaminación y ejemplo absoluto de la inacción de las autoridades. Hasta la fecha, los tres gobiernos y la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), designada para llevar a cabo el plan de saneamiento, han sumado múltiples críticas por la falta de avances en el cumplimiento del fallo.
En una nueva denuncia contra la falta de resultados, el Defensor del Pueblo de la Nación, y las organizaciones que conforman el Cuerpo Colegiado (Greenpeace, FARN, Asociación Vecinos de la Boca, Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos y CELS) realizaron una evaluación de la gestión de ACUMAR hasta diciembre de 2009 y denunciaron un amplio incumplimiento de los dispuesto por la justicia.
En un comunicado difundido por la Greenpeace, se presenta un resumen de los resultados de la evaluación, alegando que la ACUMAR “no ha logrado ejercer su rol como organismo de coordinación interjurisdiccional, y no ha podido implementar políticas a nivel de cuenca hídrica con metas y plazos concretos”. Además se acusa una “debilidad institucional” debido al “constante recambio de autoridades y funcionarios del organismo”, que afecta la continuidad en el accionar de la Autoridad.
“Hay demasiada planificación y poca acción, cada cambio de funcionarios implica volver a empezar y los avances no se concretan nunca. Además, a mas de tres años de presentado el Plan, todavía no contamos con indicadores que nos permitan medir los avances de gestión, es vergonzoso que aún los estén planificando”, manifestó Consuelo Bilbao coordinadora de la Unidad Política de Greenpeace.
Si bien las críticas recaen sobre ACUMAR, el Cuerpo Colegiado, organismo establecido por la CSJN, exhortó a los tres gobiernos a dar un “explícito y amplio apoyo político para dar continuidad a los planes”.
Entre los incumplimientos evaluados, Greenpeace destacó lo sucedido con el componente de Control Industrial. “Aunque el fallo obliga a inspeccionar en 30 días todas las industrias de la Cuenca, en 17 meses sólo se ha supervisado cerca del 20 por ciento de los 4103 establecimientos relevados por ACUMAR y a este ritmo recién para el año que viene se lograría inspeccionar el total de las industrias tan solo una vez”, continuó la ONG.
“Las metas de calidad de agua propuesta por la autoridad de la cuenca, no contienen restricciones para sustancias peligrosas como por ejemplo los metales pesados, por lo que no será posible una real recomposición ambiental de la Cuenca ni siquiera a el largo plazo”, argumentó Martín Prieto, director Ejecutivo de Greenpeace.