El Cuerpo Colegiado que coordina el Defensor del Pueblo de la Nación, a 17 meses de la sentencia producida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ordena la ejecución del Plan de Saneamiento de la Cuenca Matanza – Riachuelo, produjo un pormenorizado informe en el cual se analizan cada una de las órdenes dadas por la Corte Suprema.
Dicho escrito destaca algunos avances en la ejecución de los programas y numerosos déficits, falta de cumplimiento y coordinación que se espera sean subsanados durante el presente año por la Autoridad de la Cuenca Matanza – Riachuelo (ACUMAR).
Se puede destacar, entre otros aspectos, que no se inspeccionó la totalidad de las industrias de la Cuenca ni se avanzó en los planes de reconversión industrial. También se encuentra postergada la erradicación de los basurales a cielo abierto existentes y la prioritaria atención sanitaria de la población expuesta a riesgo ambiental.
Además propone con relación a las autoridades involucradas “a tomar, en el marco de un amplio consenso con el resto de las fuerzas políticas y los actores económicos y sociales del territorio de la Cuenca, las decisiones necesarias para cumplir con lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
“Es necesario que las políticas a implementarse cuenten con un explícito y amplio apoyo político construido a partir de acuerdos entre todos los sectores a fin de dar continuidad a los planes y dotar a la ACUMAR de los recursos humanos, financieros y materiales apropiados para funcionar con solvencia técnica y capacidad organizativa, evitando las marchas y contramarchas que han caracterizado su débil accionar hasta el presente” asegura entre otros puntos dicho informe.
Cabe destacar que el Cuerpo Colegiado que coordina el Defensor del Pueblo de la Nación está integrado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación de Vecinos La Boca, la Fundación Greenpeace Argentina y la Asociación ciudadana por los Derechos Humanos.