En un informe elaborado por el Cuerpo Colegiado que integran la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación de Vecinos La Boca, la Fundación Greenpeace Argentina y la Asociación ciudadana por los Derechos Humanos, y que coordina la Defensoría del Pueblo de la Nación, se instó a las autoridades a cumplir con la sentencia que la Corte Suprema de Justicia dictó hace 17 meses para sanear el Riachuelo.
Pese a destacar algunos avances en la ejecución de los programas, en el trabajo se señaló la falta de cumplimiento y coordinación que se espera sean subsanados durante el presente año por la Autoridad de la Cuenca Matanza - Riachuelo (ACUMAR).
Entre las críticas elevadas por el Cuerpo Colegiado, se precisó que hasta el momento no se inspeccionó la totalidad de las industrias de la Cuenca ni se avanzó en los planes de reconversión industrial.
“También se encuentra postergada la erradicación de los basurales a cielo abierto existentes y la prioritaria atención sanitaria de la población expuesta a riesgo ambiental”, según un comunicado distribuido por la Defensoría del Pueblo.
El Informe propone, con relación a las autoridades involucradas, "a tomar, en el marco de un amplio consenso con el resto de las fuerzas políticas y los actores económicos y sociales del territorio de la Cuenca, las decisiones necesarias para cumplir con lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación".
"Es necesario que las políticas a implementarse cuenten con un explícito y amplio apoyo político construido a partir de acuerdos entre todos los sectores a fin de dar continuidad a los planes y dotar a la ACUMAR de los recursos humanos, financieros y materiales apropiados para funcionar con solvencia técnica y capacidad organizativa, evitando las marchas y contramarchas que han caracterizado su débil accionar hasta el presente", finalizó el comunicado.