Aunque el fallo de la Corte Suprema que ordenó realizar las obras de saneamiento sobre la Cuenca Matanza-Riachuelo ya cumplió 17 meses, la Autoridad de la Cuenca (ACUMAR) apenas inspeccionó en ese lapso el 20 por ciento de las 4.103 industrias registradas. Además, existen fuertes cuestionamientos sobre la cantidad de empresas que deben ser relevadas ya que según el Censo Económico realizado en 2005 habría más de 10 mil establecimientos.
Los datos surgen de un informe elaborado por el Cuerpo Colegiado que coordina el Defensor del Pueblo de la Nación y que tiene como objetivo controlar el cumplimiento de la ACUMAR sobre las medidas que dicta en su fallo el máximo tribunal, a cargo del juez de Quilmes Luis Armella.
Según el trabajo al que accedió Crítica de la Argentina, para la realización de las inspecciones ordenadas la ACUMAR creó un registro conformado por apenas 4.103 industrias cuando “el Censo Económico daba cuenta de un total de 12.181 compañías manufactureras". Al mismo tiempo, la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires también realizó su relevamiento y determinó que la cantidad de industrias a inspeccionar eran 10.161.
Independientemente de la controversia que genera el registro de las empresas que trabajan a la vera del Riachuelo, lo cierto es que desde el 8 de julio de 2008 -cuando la Corte falló sobre el caso- hasta hoy sólo se inspeccionó uno de cada cinco establecimientos del listado de ACUMAR. Ese porcentaje baja considerablemente si se toman en cuenta las más 12 mil industrias del Censo 2005 o los más de 10 mil de la Autoridad de Agua bonaerense.
Además, el cálculo realizado por el estudio afirma que en los últimos meses bajó el volumen de inspecciones diarias que llevó adelante la ACUMAR. “Mientras que en octubre de 2009 se inspeccionaron un promedio de 10,58 industrias por día, a fines de noviembre el mismo fue de 7,37” afirma el escrito. Todo esto, con un plantel de 890 inspectores. Además, hasta noviembre del año pasado no se aprobó ningún programa de Reconversión Industrial, que son trabajos que se deben encomendar a las empresas inspeccionadas y que permiten controlar sus afluentes contaminantes.
El Cuerpo Colegiado coordinado por el Defensor del Pueblo está integrado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación de Vecinos La Boca, la Fundación Greenpeace Argentina y la Asociación ciudadana por los Derechos Humanos. Su informe explica que en las inspecciones “se trata igual a una industria que vierte 100 litros de agua con un contenido X de cromo diario, que a una industria que vierte 100.000 litros diarios con la misma concentración de cromo”, aunque es evidente que en el segundo caso existe un mayor nivel de contaminación.

EL POLO PETROQUÍMICO. “Se observa con preocupación la demora de las autoridades competentes para tomar medidas concretas conducentes a la relocalización y reconversión industrial del Polo Petroquímico Dock Sud”, subraya el informe sobre uno de los trabajos clave que debe realidad la ACUMAR. Además, señala que este sitio "constituye una de las principales fuentes de contaminación de origen industrial en la Cuenca Matanza-Riachuelo".
Según el informe, también se encuentra postergada la erradicación de los basurales a cielo abierto existentes y la “prioritaria atención sanitaria” de la población expuesta a riesgo ambiental. La ACUMAR la integran representantes del gobierno de la Nación, del bonaerense y el porteño. Días atrás, Crítica de la Argentina reveló un cuestionado nombramiento en la autoridad.