Tanto el oficialismo como la oposición de la Cámara de Diputados deben resolver y debatir si debe salir por ley la creación de la empresa estatal "Aguas Riojanas SAPEM" que salió por un decreto del Ejecutivo.
Antes del inicio del Período Legislativo, la Cámara se reunió para analizar el decreto de rescisión y el de creación de la empresa. Aunque el debate recién comienza, el radicalismo ya adelantó que insistirán con la sanción de una ley.
En la reunión de legisladores la minoría consideró que es necesario evaluar si el servicio de agua manejado por la empresa estatal sólo debe quedar en los departamentos Capital, Chilecito y Chamical o debe ser ampliado. Y si puede aplicarse el sistema de cooperativas propuesta en la Audiencia Pública realizada en noviembre pasado.
Mediante el decreto 44/10, firmado por el gobernador Luis Beder Herrera, el 14 de enero pasado, se dispuso la rescisión del contrato de Concesión del servicio público de Provisión de Agua Potable y desagües cloacales suscripto el 27 de marzo de 2002 entre la Provincia y la sociedad "Aguas de La Rioja" por culpa del concesionaria.
Luego, el 27 del mismo mes, y ante el receso de la Cámara de Diputados, la Función Ejecutiva creó por decreto la empresa estatal "Aguas Riojanas SAPEM" al considerar que el Estado debía encargarse del servicio público y que la sociedad anónima con participación estatal mayoritaria "es la figura adecuada para garantizar la eficiencia, continuidad y regularidad en el servicio público".
El término de la duración de la sociedad es de 99 años contados desde la fecha de inscripción del Estatuto en el Registro Público de Comercio.

Capital accionario
De acuerdo al decreto de la Función Ejecutiva, el capital social de la empresa es de 100 mil pesos representado por mil acciones nominativas no endosables, de cien pesos de valor nominal cada una.
El Estado suscribirá 990 acciones nominativas no endosables de "Aguas Riojanas SAPEM" clase "A" representativas del 99 por ciento del capital social de la misma.
En tanto que el municipio de la Capital suscribirá 10 acciones nominativas no endosables representativas del 1 por ciento del capital social de la misma.

Directorio
El directorio de la empresa debe quedar integrado por tres miembros titulares, de los cuales, dos de ellos serán designados por el Estado provincial y uno por el municipio de la Capital.
El Gobernador designó como presidente del directorio a Juan José Luna que llevó adelante todo el proceso de la auditoría a la empresa. Los restantes serán designados en asamblea de accionistas.
El decreto también dispone la creación de una comisión fiscalizadora a cargo Ana Carolina Courtis abogada de la matrícula provincial.

Personal
El decreto también establece que la estatal absorberá al personal de Aguas de La Rioja SA cuya prestación de tareas efectiva al servicio público de agua potable y desagües cloacales haya sido constatada durante la intervención.

Los Datos
El Gobierno provincial inició una auditoría a mediados del 2009 y llamó a una audiencia pública.
El 14 de enero pasado el Gobernador firmó el decreto de rescisión con la empresa Aguas de La Rioja.
También por decreto creó la empresa estatal "Aguas Riojanas SAPEM".

Los Datos
La empresa es una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria.
El municipio tiene el 1 por ciento del capital accionario.
El directorio estará compuesto por tres personas. Dos en representación del Estado y uno del municipio.


PRESENTACIÓN

La denuncia en contra de la empresa
El Estado riojano denunció penalmente por fraude a la ex concesionaria del servicio de agua potable, Aguas de La Rioja. La denuncia fue presentada por el fiscal de Estado, Gastón Mercado Luna. La denuncia es en contra de "Jorge Luis Chamas, María Lorena Avellaneda, Jorge Omar De la Fuente y todo aquel que resulte autor, coautor y partícipe de los hechos denunciados infra, por el delito de fraude en contra del Estado provincial". La presentación no se hace referencia a la situación de los funcionarios que debieron controlar a la concesionaria ni tampoco a aquellos que formaban parte del Directorio en representación del Estado.