Cómo compensar un déficit operativo de $30 millones es el reto que debe superar este año Obras Sanitarias Mendoza (OSM) para seguir funcionando. El interventor Gonzalo Dávila analiza qué hacer ante un flujo de caja acotado, sin acceso a crédito y con la posibilidad a mano de un nuevo ajuste de tarifas que, de decidirse, no debería ser inferior a un 20% si se pretende cubrir el bache.
Pero en el Ejecutivo, a sabiendas del malhumor social que provocaría, por ahora lo mantienen como última opción. Actualmente, con el 36,7% de aumento en las facturas aplicado en agosto pasado, sus ingresos rondan los $ 129 millones, pero las erogaciones son más (unos $ 159 millones) y hacen que resulte insuficiente.
La tranquilidad es que, aseguran, el financiamiento de proyectos ya licitados por la Provincia con fondos del BID, como la planta potabilizadora de Benegas, por ahora no corren riesgos. Sin embargo, la intervención tiene claro que el margen de acción tiene un horizonte demasiado corto.

Ingresos y egresos
Con la premisa de no postergar obras claves previstas para los primeros meses de 2010, el área financiera de OSM analiza el cuadro presente y las vías de solución para "el día a día".
Como medida urgente se apela al recorte de gastos superfluos y postergan pagos (Afip, Irrigación, cargas sociales). Pero la idea no es que el árbol tape al bosque; de ahí que el EPAS apura un nuevo régimen tarifario, con el objetivo de que la Legislatura lo discuta en los próximos meses.
Aún así, lo importante es superar el corto plazo. Por lo pronto, la empresa tiene por cobrar acreencias a las comunas de Luján y Maipú por un monto cercano a los $ 22 millones, aunque se asume difícil de lograrlo rápidamente.
Entonces, achicar los egresos pasa a ser prioridad. Teniendo en cuenta que el gasto en personal (alrededor de 550 empleados) es un 60% del presupuesto, se explicaría un probable acuerdo con Supos, el sindicato que los nuclea, para trasladar al menos un mes más la paritaria salarial de este año.
Ante ese contexto, la intervención, que había cancelado lo que corresponde a 2005 y 2006, dejaría en un segundo plano unos $ 4,2 millones en concepto de canon de concesión impago desde 2007, que seguirán pendientes hasta que las finanzas de OSM se oxigenen lo suficiente.
En el decreto de extensión de la intervención a OSM por otros 180 días, ya se detallaba lo complicado de la situación. "Surge del informe, que las proyecciones realizadas para el 2010 reflejan una situación sumamente crítica para el normal desenvolvimiento de la empresa", señalaba.
El interventor Dávila se llamó a silencio a la espera de que sus colaboradores concluyan un informe detallado sobre los ítems que comprende el déficit y la proyección del mismo en los próximos meses.

Fórmulas
Por su parte, el presidente del EPAS, Javier Montoro, enfatizó que momentáneamente la empresa "debe trabajar en el día a día, con mantenimiento preventivo y ajustando al máximo los gastos. Hasta aquí se logró revertir la situación que atravesaba durante la etapa privada, más centrada en la gestión contable y que había descuidado casi por completo la faz operativa".
Montoro está abocado a la llamada fase B de la auditoría iniciada por la UNCuyo sobre el estado de OSM, en base a un informe de 100 mil fojas que, de paso, será clave para la defensa de la Provincia ante el Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones) en virtud de la demanda interpuesta por el grupo francés Saur International.
Pese a lo limitado del panorama financiero de OSM, "se logró un ahorro necesario y posible para definir proyectos ejecutivos", dice el funcionario. La lista comprende, entre otros, tres plantas potabilizadoras en Santa Rosa por $ 6 millones y otra en la zona de La Puntilla por $ 500 mil.
En este contexto, la pregunta es inevitable: ¿de dónde saldrán los fondos? De ahí que fuentes consultadas no descarten un nuevo ajuste de tarifas para este año.
En el plano de las hipótesis, se especula con un 46% si el objetivo fuera solventar con el cobro de facturas todas las inversiones necesarias. Pero para sólo equilibrar la balanza contable, el porcentaje podría resultar la mitad.
"La única verdad es la realidad". El ahora destituido vicepresidente de OSM y representante de Southwater (grupo Sielecki), Federico Qüerio, insiste en hacer propia la frase para describir la situación que atraviesa la empresa y con la que tituló una solicitada que cayó muy mal en el seno del Ejecutivo.
"Hay que reconocer la valentía de Montoro en admitir la situación de la empresa", remarca ahora en tono conciliador Qüerio, muy criticado por el Gobierno. No obstante, desde Sielecki esperan una reunión pendiente con el gobernador Jaque que consideran definitoria para el futuro de la firma y de ellos como accionistas.
"Queremos dialogar, no que hayan vencedores ni vencidos. Pero..."; el final abierto refiere el interés en seguir en OSM; de lo contrario, el propósito será recuperar por la vía judicial el 36% del capital accionario que poseen, lo que, según sus cálculos, equivale a unos $ 220 millones.

Contraataque ante el Ciadi
La segunda parte de la auditoría que realizan peritos de la UNCuyo sobre OSM no solamente es fundamental para delinear el futuro en tres frentes (el societario, el operativo y el de modelo de gestión de la empresa), sino también para un paso que la Provincia deberá dar inevitablemente con la Nación: presentar la defensa a la demanda interpuesta hace más de 6 años por Saur ante el Ciadi, en busca de resarcimiento por el congelamiento de tarifas.
El EPAS y la Procuraduría General de la Nación (la demanda es contra la Nación) diseñan la estrategia para demostrar el nivel de desinversión privada durante diez años, el estado de las plantas potabilizadoras y algunas cuestiones contractuales.
El plazo dado por el tribunal en Washington vence en abril. Para Montoro, será determinante para avanzar en la "negociación amistosa", solicitada por Saur al Gobierno nacional en 2009.