En marzo las generadoras y la Dirección General de Aguas (DGA) iniciarán una compleja coordinación -que podría no estar exenta de conflictos- para poner en práctica la Ley de Embalses, que obliga a las primeras a disponer de sus tranques para regular las crecidas de caudales a raíz de precipitaciones fuertes.
La norma supone incluir un elemento adicional a la operación habitual del sistema eléctrico.
Tras casi un año de elaboración -en la que participaron los privados- y, mucho antes de lo previsto, el texto se publicó la semana pasada en el Diario Oficial, lo que gatillará una serie de gestiones que involucran a la autoridad, a las generadoras y al Centro de Despacho Económico de Carga (CDEC) del Sistema Interconectado Central (SIC), que coordina su operación.
"Con el reglamento, esta ley comenzará a operar plenamente este año, lo que resultará interesante si se confirma el pronóstico de que tendremos el fenómeno de El Niño, que implicaría muchas lluvias y que podría hacer necesario el debut de esta ley, haciendo que los embalses operen como reguladores de crecidas", explicó el titular de la DGA, Rodrigo Weisner.
Mencionó que una de las primeras labores que realizará la repartición será declarar los embalses de control, entre los cuales figuran, principalmente, unidades de Endesa y Colbún, que tienen la mayor presencia hidroeléctrica en el SIC. Por parte de la primera figuran Rapel y Ralco, en las regiones VI y VIII respectivamente, mientras que la generadora del grupo Matte tendría que disponer a Colbún, en la VII Región, y San Pedro hoy en construcción en la XIV Región.
Laja y Maule, los mayores tranques de generación del SIC no serían incluidos, porque dada su altura se alimentan con nieve y no por caudales.

Complicación operativa
En el sector se comenta que otra de las labores iniciales para cumplir la Ley de Embalses podría derivar en conflictos, pues las eléctricas deben comunicar al organismo dependiente del Ministerio de Obras Públicas (MOP) sus planes de operación, lo que considera fijar la cota que tendrá el embalse, a partir de un determinado caudal y cómo este nivel cambiará en caso de contingencia ante lluvias extremas.
Este punto podría complicar a las partes, pues sin acuerdo, la DGA fija los niveles y para revertirlo las empresas tendrían que acudir a la Justicia. Además, en caso de que ante una eventual crecida de caudal, que implique amenaza de inundación, se obligue un desembalse que luego no se recupere, el Estado debe compensar a la eléctrica.