A pesar de una orden de la Corte Suprema, el Gobierno Nacional avanza a paso lento en el saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo.
Hace un año y medio, la Corte ordenó la ejecución de un plan de saneamiento del Riachuelo, cuya diagramación y ejecución es responsabilidad del Gobierno. Pero, según una denuncia presentada por el Defensor del Pueblo de la Nación y un grupo de ONGs, entre las que figuran Greenpeace y el CELS, las obras prometidas por la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo, a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación, están muy atrasadas.
El informe en el que se basa la presentación reconoce el avance de algunos programas, pero considera que no sucedió lo mismo en cuestiones decisivas como la reconversión de las industrias que contaminan la Cuenca, la reducción de basurales y la atención sanitaria de la vasta población afectada por la contaminación.
Además, el programa presentado por la Autoridad de la Cuenca contempla un plazo de ejecución más largo que el establecido en el fallo de la Corte.
El atraso en el tratamiento de una contaminación tan extendida y que afecta la salud de millones de personas, pone de manifiesto la ausencia de una política ambiental oficial.
Esta actitud es, por otra parte, contradictoria con el apoyo que reciben los asambleístas de Gualeguaychú, que cortan un puente internacional en protesta por una contaminación de la que al momento no existen pruebas.
El Gobierno incumple un fallo de la Corte Suprema que ordenó el saenamiento del Riachuelo. La Defensoría del Pueblo de la Nación denunció el escaso avance de programas anunciados.