La tensión entre Buenos Aires y Londres escaló ayer otro peldaño cuando la Presidenta dispuso que, a partir de ahora, todos los barcos que vayan y vengan entre los puertos de la Argentina continental y las Malvinas, o atraviesen las aguas nacionales con destino a las islas, deberán tramitar una autorización previa ante el Gobierno argentino.
Se trata de la reacción más contundente tomada por la Casa Rosada ante el inminente comienzo de las tareas de exploración petrolífera en aguas cercanas a las Malvinas, una decisión sobre la que la Cancillería argentina ya había elevado su protesta a Gran Bretaña.
El decreto 256 fue firmado ayer por la mañana por Cristina Kirchner en la Quinta de Olivos y un rato más tarde fue dado a conocer por Aníbal Fernández.
Por la tarde, durante un acto que encabezó en Merlo, la propia Presidenta fundamentó la decisión en el marco de las numerosas resoluciones de Naciones Unidas que instan a ambos países a reanudar las conversaciones por la soberanía de Malvinas y a no tomar, mientras tanto, decisiones unilaterales. Aquellas, "han sido desoídas sistemáticamente por el Reino Unido", recordó Cristina. "Queremos que estas resoluciones se les hagan cumplir a todos los países del mundo, no sólo a los más débiles o los que tienen menos poder", reclamó la Presidenta.
La decisión fue tomada a horas del arribo de la plataforma Ocean Guardian a 160 kilómetros de la costa de Malvinas, previsto para este viernes, y el inicio de sus perforaciones en busca de crudo.
Por eso, la decisión tiene un objetivo concreto, que fue explicado a Clarín sin pelos en la lengua por fuentes de la Cancillería: "desalentar y encarecer la exploración petrolífera en Malvinas".
Un ejemplo claro es lo que le ocurrió al buque Thor Leader, que permanece demorado en el puerto de Campana desde hace dos semanas, después de haber trasladado a Malvinas materiales para la empresa Desire Petroleum.
La Cancillería ya había anticipado que haría un reclamo a Naciones Unidas por la nueva avanzada de los malvinenses, con amparo británico, buscando explotar recursos hidrocarburíferos que Argentina considera propios.
Pero la semana pasada, el canciller Jorge Taiana, el Ministro de Planificación, Julio De Vido, y el secretario Legal Y Técnico, Carlos Zannini, comenzaron a darle forma jurídica a la decisión que se conoció ayer.
El decreto 256 no hace más que "empiojarle más la cancha" ¿según fuentes del Gobierno¿ a las empresas que pretendan participar del negocio petrolero en Malvinas. "Los barcos que vayan con ese objetivo deben saber que no recibirán ninguna colaboración en los puertos argentinos", abundaron.
Taiana le explicó esto a los diputados del bloque oficialista con los que se reunió ayer por la tarde en el Congreso. En ese encuentro también quedó en claro que el próximo paso en el que ya piensa el Gobierno es seducir a las empresas petroleras a las que se les dificulte la exploración en Malvinas a que se trasladen unos kilómetros y lo hagan en Mar Argentino.
En diálogo con este diario, un vocero de la Embajada británica trató de evitar la controversia: "Argentina aplica sus leyes en su territorio y el gobierno de las islas aplica su legislación en el suyo", dijo. Pero cerró la puerta a cualquier negociación: "El Reino Unido no tiene dudas de su soberanía sobre las Falklands (Malvinas) y sus aguas circundantes y está convencido de que la exploración de petróleo es totalmente legítima", afirmó.
A poco de conocerse la noticia, el Times de Londres colocó en su edición online un título que anticipa más tensión: "Argentina se adjudica poder para bloquear las Islas Falklands (Malvinas)".

¿Cómo Brasil?
Marcelo Canton
La respuesta la dará el mercado, dijo días atrás a Clarín la directora de Energía de las islas, Phyl Rendell. Su planteo fue que, ante la disputa entre ambos países, las empresas serán las que juzguen si les conviene avanzar con la exploración en aguas isleñas. Y hacia allí apunta la medida de ayer: encarecer la operación haciendo más difícil el abastecimiento. Con los precios actuales del petróleo, el margen es mayor que hace una década. Pero, sobre todo, políticos y empresarios miran con ambición los gigantescos yacimientos que Brasil descubrió mar adentro. Y sueñan con que el océano guarde aquí un secreto de similar magnitud.

ANTECEDENTE
En la misma línea desde el 2007
Por: Natasha Niebieskikwiat
El decreto que firmó ayer la Presidenta se preparó la semana pasada y es una ampliación de una norma dictada en 2007.
La nueva norma, según supo este diario, se discutió en reuniones no informadas que mantuvieron los ministros Julio De Vido y Jorge Taiana con el secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini. Este último fue quien se lo entregó a Cristina Kirchner el viernes.
El decreto viene a reforzar una normativa que De Vido había anunciado en marzo de 2007 -cuando se rompieron los acuerdos de cooperación petrolera firmados por Londres y Buenos Aires en 1995- por la que se restringió la inscripción en el Registro de Empresas Petroleras a las empresas que realizaran exploración o explotación en Malvinas sin autorización argentina.
Ahora, se busca advertir y eventualmente sancionar también a todos los buques que provean servicios para las actividades hidrocarburíferas en las islas.
Entre tanto, lo que hace el Gobierno al prohibir la navegación de buques sin autorización por Malvinas e islas del Atlántico Sur es desplegar nuevas de las únicas armas que tiene disponibles en el ámbito del derecho internacional: la protesta diplomática y el acto jurídico.