La polémica entablada por la construcción de dos usinas hidroeléctricas en la provincia de Santa Cruz registró ayer un nuevo cuestionamiento que pone el acento en el millonario presupuesto que el ministerio de Planificación de Julio De Vido prevé asignar para el proyecto.
El ex gobernador de Santa Cruz, Sergio Acevedo consideró que el presupuesto de $ 15.406 millones "es un verdadero disparate" y sostuvo que, por los estudios que se habían manejado durante su gestión la obra debería costar menos de la mitad de esa cifra.
Acevedo destacó que "cuando arrancó la licitación, hace casi tres años, se había calculado un precio de $ 6.000 millones y por eso ahora el presupuesto en juego llama poderosamente la atención y lleva a pensar que no se están haciendo bien las cosas".
Las represas patagónicas que están sobre el tapete son las que conforman el complejo hidroeléctrico "Condor Cliff y La Barrancosa" que la Nación prevé construir sobre el río Santa Cruz. De concretarse, será la mayor obra de infraestructura de la gestión kirchnerista e implicará, como mínimo, una inversión estatal superior a la que estaba prevista para el Tren Bala.
Tal como publicó Clarín el domingo, la intención del Gobierno es avanzar con la apertura de las ofertas esta semana y definir la preadjudicación en mayo, en medio de los festejos del Bicentenario. Si se cumple el cronograma oficial, los trabajos se iniciarían a mediados del año que viene y todos los pagos de las obras quedarán para las próximas administraciones nacionales que asuman partir de diciembre de 2011.
Hasta ahora, dos grupos de empresas que tienen una fluida llegada a la Casa Rosada se perfilan para la disputa final del megaproyecto. Por un lado, se encuentran an Corporación América (grupo Eurnekián), Impsa (Pescarmona) y la brasileña Camargo Correa. Y por otro lado, está el grupo de Electroingeniería, Cartellone e Iecsa. Si bien desde el Gobierno indicaron que también sería de la partida un tercer consorcio formado por Esuco, Techint, Roggio y Supercemento; hasta ayer ninguna de esas empresas confirmó que vayan a presentar una oferta conjunta.
Por otra parte, la titular del ARI de Santa Cruz, Mariana Zuvic denunció que varias estancias que deberán expropiarse para las obras fueron adquiridas en los últimos años por firmas controladas por Lázaro Báez, uno de los empresarios más cercanos a los Kirchner.
Consultado por Clarín, el ex gobernador Acevedo señaló que "al inicio de la licitación se había arribado a un precio estimado de la obra de $ 2.000 millones considerando que cada MW instalado tenía un costo de 1 millón de dólares. En ese momento, el dólar estaba en torno de los $ 3 y multiplicado por los casi 2.000 MW de las dos centrales, daba ese valor de $ 6.000 millones".
Según Acevedo "lo único que puede modificar los precios, pero nunca en la magnitud que se está planteando ahora, son los trabajos que hay que hacer en el lecho del río porque todo lo que va arriba -como el cemento, hierro, cables y turbinas- tienen valores internacionales que se conocen perfectamente".
Acevedo -que se fue de la gobernación por las diferencias que tenía con Néstor Kirchner- también destacó como algo significativo el cambio de perfil que sufrió el proyecto. "Inicialmente la obra se iba a hacer con recursos de la provincia y con una ingeniería financiera basada en los US$ 500 millones que Santa Cruz tenía en el exterior. Pero después, se modificaron los planes y ahora todos los fondos vendrán de la Nación y por 25 años los ingresos por la venta de energía irán a parar al concesionario".

Cristina adjudicó más obras a varias empresas allegadas al Gobierno
"Esta es la General Paz del Siglo XXI", así definió la presidenta, Cristina Kirchner, a la autopista Presidente Perón, cuyo contrato de construcción se firmó ayer en un acto realizado en Merlo. Así lo hizo entre medio de la polémica por la adjudicación de obras públicas a empresas "amigas" del Gobierno.
Con respecto a esto, la Presidenta trató de desmentir los cuestionamientos sobre el avance de obras en Santa Cruz. "Vengo a dar respuesta a algunos que pretenden instalar que solamente se hacen obras en tal o cual provincia", puntualizó, enumerando, a modo de prueba, una lista de obras que el Estado Nacional estaba realizando en distintas partes del país. En este sentido, agregó también que "sería innumerable la cantidad de obras en la provincia de Buenos Aires y en todo el país; no se recuerda desde hace muchísimas décadas un plan de infraestructura física, económica y social de la magnitud que se ha iniciado desde el 25 de mayo de 2003", fecha en que su marido, Néstor Kirchner, asumió como presidente de la Nación.
Sin embargo, en esta obra, que demandará una inversión de $1.800 millones, muchas de las empresas adjudicatarias son las mismas que están en carrera para construir las represas Cóndor Cliff y La Barrancosa en Santa Cruz.
El primer tramo de autopistas, para el que se destinarán $488 millones, fue ganado por la empresa IECSA, vinculada a la familia Macri. El segundo y tercero, de $563 y $321 millones respectivamente, por las empresas Perales-Aguiar, CPC (del empresario kirchnerista Cristóbal López), Electroingeniería y Contrera Hnos. Por último, el cuarto tramo será realizado por Cartellone y Grupo Peterson (de la familia Esquenazi, y costará 354 millones de pesos.
La obra demandará tres años para la realización de 94 km de autopista que conectará el Acceso Norte, Oeste, Ricchieri y la autopista Buenos Aires-La Plata, atravesando 14 municipios del conurbano. Además, generará 1.200 puestos de trabajo y, una vez finalizada, empleará a 300 personas en puestos fijos para su mantenimiento y conservación. La Presidenta calificó a la obra como "un salto cualitativo", y explicó que "estamos revirtiendo un modelo centralista por un modelo federal, estamos dando conectividad a un país que estaba desarticulado".

Antecedentes
El complejo "Cóndor Cliff y La Barrancosa" comprende la construcción de dos represas hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz.
Según el presupuesto oficial implicará una inversión estatal-sin IVA- de $ 15.406 millones.
Su construcción demandará 6 años de trabajos y debería generar unos 5.000 empleos.
Dos grupos de empresas que han acrecentado sus negocios y contratos con el Estado durante la gestión kirchnerista son los que están mejor perfilados para quedarse con el megaemprendimiento.
Por un lado, se encuentra el grupo Pescarmona, asociado a la brasileña Camargo Correa y al grupo Eurnekián. Y por otro lado, está el grupo que aglutina a Electroingeniería, Cartellone y la firma Iecsa.
Desde el Gobierno agregaron otro consorcio formado por Esuco, Techint, Roggio y Supercemento. Pero ninguna de esas empresas confirmó que vayan a presentar una oferta el próximo viernes.