Argentina emitió un decreto por el cual todo buque que desee transitar entre su país y las islas Malvinas debe pedir una autorización especial, en lo que supone un paso adelante en la escalada de tensiones bilaterales entre ambos países por la explotación de las islas.
En el día de ayer, el jefe de gabinete argentino, Aníbal Fernández, anunció que la Presidenta Cristina Fernández firmó tal decreto "en defensa de los intereses argentinos" y que su administración está obligada "a ir a un punto que garantice la defensa de la soberanía y de todos los recursos que pudieran existir en ella".
En respuesta, el ministerio de Relaciones Exteriores británico reveló en un comunicado que "la regulación de las aguas territoriales argentinas concierne a las autoridades de Argentina y que no afecta a las Islas Falklands (como las denominan los británicos), que son controladas por las autoridades de las islas".
Pero Argentina no piensa de la misma manera: "Como es de público conocimiento, nuestra Constitución establece la legítima e imprescriptible soberanía sobre Malvinas", dijo Fernández.
Entre los argumentos que su país presenta en el decreto divulgado este martes se destaca que "el Reino Unido ocupa ilegítimamente las islas" y que "la persistencia de dicha ocupación se traduce en una controversia de soberanía", además de que el "Reino Unido se niega a dar cumplimento a las resoluciones de las Naciones Unidas sobre las reanudaciones de las negociaciones".
La semana pasada el gobierno argentino impidió que un buque de bandera extranjera, que habría sido utilizado para transportar insumos vinculados a actividades petroleras en Malvinas, embarcara una partida de tubos de acero en un puerto de Buenos Aires.
Asimismo, hace 10 días tuvo lugar otro cruce de acusaciones Londres y Buenos Aires, después que un diario británico revelara que el primer ministro Gordon Brown estaba preocupado por la posibilidad de que la discusión pudiera intensificarse y derivar "en un enfrentamiento militar". En respuesta, Argentina denunció a los ingleses por encubrir ilegalidad.