La crítica situación que vive el sur de la provincia de Córdoba a raíz de las inundaciones de campos sigue teniendo derivaciones. El dueño de un campo de la zona rural de Leguizamón, al sur de la provincia, denunció que varios particulares construyeron desagües clandestinos para desagotar el agua de sus terrenos y esto le generó perjuicios, ya que el líquido terminó anegando su propiedad.
El denunciante es Ricardo Serra, productor agropecuario que asegura que advirtió varias veces desde 2002 a la ex Dirección Provincial de Agua y Saneamiento (Dipas) sobre canales ilegales en campos vecinos a su propiedad rural. Dijo que, al drenar, el agua se desplazó hacia su campo, ubicado en un terreno más bajo respecto de los otros lotes, y le inundó 200 hectáreas.
La falta de respuestas de la ex Dipas lo llevó después a efectuar distintas presentaciones policiales y ante la Justicia.
Si bien en cierto momento los canales fueron tapados por orden judicial, meses atrás esos desagües se reabrieron para seguir escurriendo los excesos pluviales. Serra comentó que el agua volvió a invadir su propiedad.
Jorge Gómez, abogado de Serra, cuestionó a “la administración pública” por no involucrarse en el tema y buscar soluciones. Aseguró que desde 2004 hizo 27 denuncias ante la ex Dipas, sin lograr respuestas.
El campo de Serra se encuentra a metros de la ruta nacional 7. Algunas fracciones del terreno son propiedad de su padre Domingo. Aseguró que tuvo pérdidas en los cultivos debido a las inundaciones y que debió vender vacas. Ahora exige un resarcimiento de dos millones de pesos.
La denuncia de Serra está siendo investigada en la Fiscalía de Instrucción y Familia de Laboulaye, a cargo de Lelia Manavella. La fiscal ya ordenó las medidas probatorias pertinentes para comprobar si la denuncia de Serra tiene asidero. Aún no hay imputados en la causa.
Entre otras cosas, la fiscal solicitó a Vialidad provincial que informe si “el retiro y/o la canalización de cunetas” de caminos rurales cercanos al campo de Serra fue autorizada por la repartición. Serra había advertido sobre “la destrucción” de lomadas naturales en esos caminos.
También consultó a la ex Dipas, que dijo que no autorizó la realización de obras hidráulicas en caminos rurales del sector. Además, informó que el 19 de junio de 2009 inspeccionó zanjas y canales clandestinos, a pedido de Serra, en una propiedad vecina.