El gobierno nacional dispuso ayer establecer que “todo buque o artefacto naval” que quiera transitar “entre puertos ubicados en el territorio continental argentino y puertos ubicados en las Islas Malvinas y Sandwich del Sur, o atravesar aguas argentinas” en esa dirección, “deberán solicitar una autorización previa” del gobierno
Así lo determinó la presidenta Cristina Fernández, mediante el decreto 256 que firmó la mandataria ayer en la Quinta Olivos, y que fue anunciado por el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, quien fundamentó que la decisión es “en defensa de los intereses de los argentinos”
De esta manera el gobierno rechazó una vez más los planes del gobierno de Gran Bretaña de iniciar actividades de exploración petrolífera en las aguas del archipiélago austral.
Luego, durante un acto en el partido bonaerense de Merlo, la mandataria reclamó que se hagan cumplir al Reino Unido “las resoluciones de Naciones Unidas” respecto de sentarse a dialogar con la Argentina sobre la soberanía de las islas Malvinas Tras defender su decisión de exigir autorización para viajar a las Islas, Fernández de Kirchner recordó que “hay numerosas resoluciones de Naciones Unidas en las cuales se pide y se obliga a ambos países a reanudar las conversaciones para arribar a un acuerdo en materia de soberanía y resoluciones que dicen que ninguna de las partes pueden tomar acciones unilaterales”. “Estas resoluciones han sido desoídas sistemáticamente por el Reino Unido que se niega a sentarse en una mesa a discutir la cuestión como ordena Naciones Unidas”, agregó.
Al respecto, el gobierno británico a través de su embajada en Buenos Aires, afirmó que esta decisión “es un tema para la Argentina de cómo aplica sus leyes dentro de sus propios territorios”. “El Reino Unido no tiene ninguna duda sobre su soberanía sobre las islas Falklands (Malvinas) y territorios marítimos circundantes y tiene totalmente claro que la exploración de hidrocarburos es un emprendimiento totalmente legítimo”, afirmaron a DyN voceros de la embajada británica.
La norma dispone en su artículo 1 la prohibición de navegar y abastecerse sin autorización. También la creación de la Comisión Permanente de Evaluación de Regulaciones en el ámbito de la Jefatura de Gabinete para coordinar las acciones y dictar las normas reglamentarias para implementar el decreto. Ese comité estará integrado por los ministerios de Planificación, de Justicia, de Economía, de Industria y Turismo, y de Relaciones Exteriores.
En los considerandos de la normativa, se argumentó que el gobierno británico “mantiene su negativa a dar cumplimento” a un conjunto de resoluciones de la ONU en las cuales se instan a las partes a que reanuden las negociaciones