El anuncio de un aumento escalonado del 87 por ciento en la tarifa de Aguas Santafesinas ya provocó una nueva controversia política en el Frente Progresista en menos de una semana (ver aparte). El diputado Pablo Javkin rechazó ayer la propuesta oficial porque "si la empresa tiene un déficit, no se lo puede trasladar directamente a los consumidores" por un aumento del costo del servicio. "El criterio de pasar el problema exclusivamente a la gente es peligroso en este caso como en otros", dijo el legislador. Javkin fue el primer diputado del Frente Progresista que rechazó el aumento del 87 por ciento de la tarifa de Aguas (19 por ciento en marzo y 12 por ciento en los cuatro bimestres que siguen). Pero no sería el único. Otros legisladores del espacio oficial también recibieron la medida con disgusto, aunque hasta ahora no lo expresaron en público. El presidente del Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Enress), Alberto Muñoz, también discrepó con un aumento generalizado y planteó la necesidad de diferenciar la tarifa según los sectores socioeconómicos.
"Es inaceptable un aumento de este tipo, en primer lugar por que si hay un déficit operativo, este no puede ser directamente trasladado a la población mediante un aumento de tarifas. Entonces, si hay déficit es necesario analizarlo, porque el criterio de pasar el problema exclusivamente a la gente es peligroso en este caso como en otros", advirtió.
Según el legislador del ARI, es necesario modificar la lógica de la facturación, ya que el cálculo por metros cuadrados implica inequidades. Por ejemplo: que paguen lo mismo los que ni siquiera pueden consumir agua por problemas de baja presión y quienes la dilapidan o son grandes consumidores. "Es indispensable plantear el fin de la factura fija y centrarse en una fórmula basada en el consumo. Creo que en este sentido los medidores son una herramienta de regulación fundamental para generar un consumo responsable y cuidar un recurso escaso", agregó.
Javkin puntualizó también que el tarifazo tampoco incluye un plan de obras. "Esto quiere decir que el aumento irá dirigido a cubrir el déficit en los costos operativos de la empresa. Entonces, antes de pedirle a la población un esfuerzo monetario, hay que definir un plan que incluya de manera urgente cloacas y la agilización de los trabajos en la vía pública. Celebramos que la empresa Aguas Santafesinas haya anunciado que terminará con los 'corralitos', sobre todo en Rosario, en marzo. Vamos a monitorear esa labor", precisó.
En la misma línea, el presidente del Enress también discrepó con un aumento generalizado del 87 por ciento de las facturas de Aguas Santafesinas y planteó la necesidad de diferenciar la tarifa según los sectores socioeconómicos. Muñoz convocó a dos audiencias públicas para discutir el tema: el 2 de marzo en Santa Fe y el 5 de marzo en Rosario. Uno de los que ya anunció que participará en el debate fue el diputado Javkin.
"Ahora, empieza la discusión", dijo Muñoz por Radio Dos. Y agregó: "Este aumento pone sobre la mesa cuál es el tamaño del déficit de la empresa". Según el presidente de Aguas Santafesinas, Alberto Danielle, la actualización de la tarifa en un 87 por ciento "responde a un estudio que arrojó como resultado un desfasaje entre el costo y la percepción tarifaria en un 129 por ciento".
Muñoz -igual que Javkin discrepó también con el esquema de aumentos escalonados porque se "vuelve a plantear el mismo molde de la tarifa plana que tenemos, dejando atrás a las familias que no pueden afrontarla, entonces, no le pidamos que lo hagan".
"Hay que buscar una fórmula capaz de representar la gran disparidad que nos quedó en estos últimos años. Tiene que haber una discriminación entre grupos sociales", dijo el funcionario. Y planteó un ejemplo. "No puede ser que una familia para contar con el servicio de agua potable y cloacas deba abonar 380 pesos, el mismo monto que paga un edificio. ¿Es razonable? No, se trata de una ecuación injusta. Entonces, es necesario buscar formas alternativas porque no podemos hacerle pagar siempre al usuario".
Daniele había dicho que a la empresa le costaba un peso "producir 100 litros de agua potable" y "sólo factura 44 centavos, es decir menos de la mitad lo que se percibe". Y se quejó por el abultado déficit: "Aguas Santafesinas sólo aporta el 50 por ciento de los recursos, el resto lo debe sostener el Estado provincial".
"No se trata de relevar al Estado -acotó- de su obligación de garantizar el derecho al agua a todos los santafesinos, pero se trata de que el costo operativo sea cubierto con recursos propios y que el Estado quede relegado a cubrir a los grupos que no pueden pagar y a las grandes obras".