En los próximos días estará lista la presentación que la Unión Cívica Radical realizará ante la Justicia para que amplie la denuncia penal que el Estado presentó en contra de la empresa Aguas de La Rioja.
El radicalismo busca que se investigue la responsabilidad de los funcionarios y ex funcionarios provinciales que debieron controlar a la empresa concesionaria del servicio de agua potable de la Capital, Chilecito y Chamical. Es que según el radicalismo la empresa no pagó el canon desde el 2002 y adeuda al Estado 10 millones de pesos.
El diputado por la Capital Guillermo Galván comentó que el dato surgió de la auditoría realizada a la empresa y de los informes brindados por Juan Luna Corzo que actuó como interventor.
El legislador explicó que el canon representaría el pago de un alquiler y, en este sentido, dijo que llama la atención que nadie se haya dado cuenta que la firma no abonaba el monto mensual por eso concepto.
Y reiteró el cuestionamiento ante la falta de información sobre el monto de cinco millones de pesos correspondientes al Fondo de Garantía que debía presentar Aguas de La Rioja.
La semana pasada el Estado denunció penalmente por fraude a la ex concesionaria del servicio de agua potable, Aguas de La Rioja.
La denuncia fue presentada por el fiscal de Estado, Gastón Mercado Luna. La denuncia es en contra de "Jorge Luis Chamas, María Lorena Avellaneda, Jorge Omar De la Fuente y todo aquel que resulte autor, coautor y partícipe de los hechos denunciados infra, por el delito de fraude en contra del Estado provincial".
La presentación no se hace referencia a la situación de los funcionarios que debieron controlar a la concesionaria ni tampoco a aquellos que formaban parte del Directorio en representación del Estado.