El Ente Regulador de los Servicios Públicos (Ersep) se dispone a habilitar la nueva audiencia pública para discutir la tarifa del servicio de agua potable en la ciudad de Córdoba, a cargo de Aguas Cordobesas. Se plantea una suba tarifaria y un cargo fijo específico de 18 por ciento extra destinado a financiar la colocación de medidores, que la ciudad necesita con urgencia para reducir el consumo por habitante, incompatible con la provisión de agua a mediano y largo plazo. En principio, el cálculo del incremento de costos desde la última suba ronda el 10 por ciento, con lo que la suba global en discusión ronda el 28 por ciento.
Va a ser un parche para un contrato que debió ser modificado tras la debacle de 2001. Y que nunca más volvió a la normalidad.
Y va a ser un parche por varios motivos. Primero, desde la propia Aguas Cordobesas se admite, extraoficialmente, que con ese nivel de tarifas no se puede mantener con todas las de la ley la infraestructura y mucho menos ampliar el servicio de redes para cubrir el crecimiento vegetativo de la población. Tampoco se puede ampliar la capacidad de producción de agua potable. En 1997 la capacidad de producción era de cinco metros cúbicos por segundo, hoy es de siete, y para 2013, serán necesarios 8.
Segundo, a todas esas inversiones necesarias se las ha estado pateando para adelante con diversos acuerdos por los cuales, se supone, el Estado va determinando cómo financiar cada obra que se considera necesaria. Podría hacerlo de cualquier modo: autorizando nuevas subas tarifarias o subsidiando obras con plata de los impuestos, créditos o cargos fijos, entre otras alternativas.
Esto tiene un problema. Normalmente, el Estado afronta otras urgencias –las presiones por aumentos salariales son las más comunes siempre y las más notorias en estos días–, con lo cual estas decisiones suelen posponerse. La degradación de una red de agua es lo suficientemente lenta como para que la catástrofe –que llega inexorablemente, como había llegado con la estatal ex Epos, antes de la concesión, tras años de desinversión– se demore varios años.
Esas obras se han ido demorando en parte. En los bordes de la ciudad es donde más se comienza a sentir el debilitamiento de la red.
Aún si la Provincia destinara esos fondos, habría una situación de inequidad con el interior cordobés, donde los servicios están municipalizados o a cargo de concesionarios que no recibirían el mismo subsidio.
Más allá de las discusiones ideológicas, sería bueno que los cordobeses debatieran en serio si están dispuestos o no a costearse lo que cuesta llevar agua limpia a cada casa, todos los días del año. Y si están comprometidos a que ese servicio sea sustentable en el tiempo.
Por si alguien aún no lo sabe, la factura promedio que cobra Aguas Cordobesas es de 28 pesos. Compare usted con lo que paga por cualquiera de los demás servicios que recibe en su casa.