El decreto del Gobierno que el martes ordenó a los barcos que viajen a las Malvinas informar de ese trayecto al Estado argentino podría generar entredichos diplomáticos o comerciales con terceros países, que hoy no están involucrados en la disputa que mantienen la Argentina y el Reino Unido por la sobrenía de las islas.
Tal como fue publicado, a través del artículo 1 del decreto 256/10, la Presidenta ordena que ‘todo buque o artefacto naval que se proponga transitar entre puertos ubicados en el territorio continental argentino y puertos ubicados en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur o atravesar aguas jurisdiccionales argentinas en dirección a estos últimos, y/o cargar mercaderías a ser trasportadas en forma directa o indirecta entre esos puertos, deberá solicitar una autorización previa expedida por la autoridad nacional competente‘. Así escrito, el decreto ordena que todo barco, sea de la nacionalidad que sea, que se dirija hacia Malvinas desde cualquier puerto del mundo, deberá pedir autorización para navegar a las autoridades argentinas, ya que para el Estado argentino, las islas están ubicadas en “aguas juridisccionales argentinas”. Por eso, también podrán resultar afectados, por ejemplo, las naves que pescan en Malvinas y descargan en Montevideo o las barcazas chilenas que viajan a las islas desde Punta Arenas.
En la Cancillería admitieron que el decreto dice lo que dice, pero argumentaron que las regulaciones internacionales en uso indican que la Argentina terminará pidiendo la autorización sólo a los barcos que se acerquen a menos de doce kilómetros de la costa local.