Paraguay insiste en vender a terceros países el excedente de la electricidad que le corresponde de la usina Itaipú, administrada con Brasil.
Itaipú, construida a partir de 1973, establece que la energía sobrante de Paraguay sólo debe ser cedida y no vendida al Brasil hasta 2023; y a cambio de la entrega, el Estado brasileño se compromete a remitir una compensación anual que en la actualidad es de 120 millones de dólares.
Precisamente, el gobierno del presidente Fernando Lugo reclamó a su colega Inácio Lula Da Silva el aumento de la compensación a 360 millones anuales, además de la libre disponibilidad de su excedente para vendérselo a terceros países como Chile.
“Paraguay exporta un 58% de hidroenergía a Brasil y Argentina, consume sólo 13% de su producción (usinas Yacyretá, Itaipú y Acaray) pero al mismo tiempo es un gran importador de hidrocarburos”, expresó Gustavo Codas el nuevo director paraguayo de la entidad binacional.
Aclaró que “por la hidroenergía exportada de Yacyretá e Itaipú ingresan al país 450 millones de dólares al año pero se gastan 720 millones de dólares en la importación de productos derivados del petróleo”: Paraguay no posee yacimientos de crudo ni gas natural.

La firma de julio de 2009
“Entonces, el gobierno de Lugo consiguió firmar el 25 de julio de 2009 con su colega Lula un acuerdo bilateral pidiendo la recuperación de su soberanía energética, es decir la libre disponibilidad de su electricidad excedente para venderla en forma directa a países como Chile que tiene graves problemas en el suministro”.
Codas prefirió no comentar el presunto estancamiento del pedido paraguayo en el Congreso brasileño “porque ya es un asunto diplomático”, pero enfatizó que “tengo la certeza de que el gobierno de Lula pondrá su mejor empeño para que se apruebe”.
Y opinó que “a esta altura del tiempo no haría falta renegociar los tratados de Yacyretá e Itaipú sólo se necesitaría una reinterpretación de la letra dentro del nuevo contexto económico”, diferente a 1973 cuando se firmaron ambos contratos binacionales.
Lugo prometió en 2007, que con los supuestos beneficios de Itaipú llevaría adelante la reforma agraria para unas 300.000 familias pobres que no poseen tierra propia.
Próximo a cumplir dos años en el poder, por falta de dinero, ni siquiera pudo realizar un catastro nacional de propiedades.