Pese a los marcados cuestionamientos económicos y técnicos que ha cosechado el proyecto, el Gobierno dará hoy un nuevo paso en la licitación de las centrales hidroeléctricas de Santa Cruz que demandarán, como mínimo, una inversión estatal de $ 15.406 millones
Las represas patagónicas integran el complejo hidroeléctrico "Condor Cliff y La Barrancosa" y si se llega a concretar representará la contratación de la mayor obra de infraestructura kirchnerista que requerirá un desembolso de fondos públicos superior al que estaba previsto para el Tren Bala.
El ministro de Planificación y principal defensor de la obra, Julio De Vido encabezará esta mañana el acto de recepción de las ofertas técnicas y económicas-financieras de los grupos que están interesados en el megaemprendimiento.
Tal como anticipó Clarín, la disputa tendrá como protagonistas a empresas que tienen una fluida llegada a la Casa Rosada.
Por un lado se encuentra la sociedad que integran Corporación América (grupo Eurnekián), Impsa (Pescarmona) y la brasileña Camargo Correa. Por otro lado, está el consorcio que reúne a la cordobesa Electroingeniería, Cartellone e Iecsa.
En los últimos días y tras una fuerte presión oficial, apareció en el escenario un tercer grupo integrado por Esuco, Roggio y Supercemento. Pese a que la cartera de Planificación informó que también Techint formaba parte de ese consorcio, Clarín pudo confirmar que el grupo que encabeza Paolo Roca no será de la partida porque hace más de un año que decidió no participar en esta puja.
Las dos usinas tendrán una potencia instalada de 1.740 MW, que le permitirán producir una energía media de 5.000 GWh/año, equivalente a casi el 8 % del parque de generación nacional. La obra demandará 6 años de construcción y, en teoría, debería generar unos 5.000 empleos.
La intención del Gobierno es definir la preadjudicación de las obras en mayo, en medio de los festejos del Bicentenario. Si se cumple el cronograma oficial, los trabajos se iniciarían a mediados del año que viene y todos los pagos de las obras deberían ser afrontados por las próximas administraciones nacionales que asuman partir de diciembre de 2011.