Las cuatro empresas que operarán en las Malvinas a partir de la llegada de la plataforma Ocean Guardian lo harán con licencias de exploración concedidas por las autoridades isleñas, pero no reconocidas por la Argentina. Esto significa que el país puede iniciar acciones legales contra esas compañías por considerar que los recursos que eventualmente puedan ser hallados son patrimonio nacional, pues se encuentran en territorios bajo disputa de soberanía.
Las empresas en cuestión son Desire Petroleum, Falkland Oil & Gas, Rockhopper y Borders & Southern Petroleum.
La Argentina ha buscado poner límites a las licencias que conceden los malvinenses. La estrategia argentina ante la avanzada británica sobre el petróleo en las islas fue desde el principio complejizar judicialmente las operaciones.
En 2007, por medio de una resolución, el Gobierno dio por terminada la declaración conjunta argentino-británica de 1995 de cooperación hidrocarburífera con la intención de instrumentar sanciones a las empresas que operen en Malvinas y, a su vez, actúen en el país.
Además, la semana pasada se decretó que todo navío que quiera transitar entre puertos ubicados en el territorio continental argentino y otros de las islas Malvinas y Sandwich del Sur, o atravesar aguas argentinas hacia ese destino o cargar mercadería entre estos puertos, deberá solicitar una autorización previa al Gobierno. El gobierno isleño, en tanto, ya otorgó un total de 34 licencias de exploración offshore en el área norte de las islas, concesiones que la Argentina no reconoce por tratarse de áreas que están bajo disputa de soberanía.

Blindaje legal
Una serie de iniciativas en materia de política exterior de Gran Bretaña abrieron interrogantes en la diplomacia local sobre el andamiaje legal que se ofrece desde el Reino Unido a las empresas petroleras interesadas en iniciar las operaciones de exploración en la zona.
La petición británica para ampliar la plataforma continental y la inclusión de las Malvinas como territorios británicos de ultramar en el Tratado de Lisboa (la nueva Constitución europea) despertaron inquietud en el gobierno argentino, que procura minimizar el resguardo legal que estas dos avanzadas diplomáticas podrían otorgar a las operaciones petrolíferas en las islas.
El gobierno británico presentó en 2009 ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) el petitorio para ampliar su plataforma continental y, por ende, los derechos sobre el lecho marino que circunda a Malvinas.
La Argentina había presentado esa petición semanas antes de que lo hiciera el Reino Unido. En su presentación, la Argentina reclamó la extensión de la plataforma continental nacional en 1,7 millones de kilómetros cuadrados más a los 4,8 millones ya existentes. Ello representa un aumento del 35% del lecho y del subsuelo marino, incluidas las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur.
Según las leyes internacionales, los países administran el lecho marino a 200 millas náuticas de las costas, pero pueden extender este límite a 350 millas náuticas si lo piden a la Comisión de la ONU sobre los Límites de la Plataforma Continental (CLCS).