Según informaciones provenientes de Chile, el gerente general de la empresa Gas Atacama, Rudolf Araneda, reveló a medios de comunicación de ese país que existe un proceso de negociación para industrializar el gas boliviano y que a cambio el país vecino pagaría la deuda histórica por el uso de las aguas del Silala en un 50 por ciento de su valor real. Para ello, incluso estarían dispuestos a construir un gasoducto. Esta noticia en primera instancia impactó a gran parte de la ciudadanía boliviana, porque suena a chantaje el devolver algo que le corresponde a Bolivia, pero con una condición que favorece al usurpador.
Transcurridos unos días, con excepción de un comité cívico que se arroga el derecho de decidir sobre un patrimonio nacional y se muestra abierto a la propuesta chilena, el resto de los bolivianos la ha censurado y rechazado. Esas negociaciones se realizan con reserva, aunque las autoridades saben que un Gobierno anterior precisamente fue derrocado por hacer negociaciones secretas con su homólogo chileno, para la venta de gas boliviano. La protesta ciudadana que se tradujo en la “guerra del gas” dejó como saldo varios muertos y más de un centenar de heridos en enfrentamientos con la Policía y fuerzas del Ejército. Este es un motivo para que los gobernantes actúen de cara al pueblo y velando por intereses de todos los bolivianos.
En torno a dicha noticia, el propio presidente Evo Morales Aima en una conferencia de prensa realizada en Palacio de Gobierno negó que el país y la empresa chilena Gas Atacama negocien la industrialización del gas boliviano. Declaró que “hay tantas propuestas”, no solamente para industrializar el gas, sino también el litio y el hierro, “aunque nada está definido”. Esa respuesta resulta ambigua, porque en tanto en el país vecino se da como un adelanto los entendimientos que está logrando con Bolivia, condiciona el pago de la deuda que ese Estado tiene con el nuestro por la utilización por más de cien años de las aguas del Silala que son de propiedad de los bolivianos. En este y otros casos es mejor decir la verdad y no ocultar las cosas.
Expertos en hidrocarburos y relaciones internacionales alertan que si las conversiones entre autoridades nacionales y empresarios chilenos se limitan a una exportación de gas rico boliviano, este energético será procesado en una planta separadora de líquidos (similar a la del negociado que pretendía llevar adelante el ex presidente de YPFB Santos Ramírez), ubicada en la zona de Quinteros en territorio chileno. El recurso hidrocarburífero será reconvertido para su posterior venta a Bolivia, es decir con valor agregado. Los bolivianos nos podemos hacer esa conversión no sólo por falta de inversiones en el país, sino fundamentalmente por la carencia de iniciativa de las autoridades que administran la empresa fiscal del petróleo, que con su silencio pretenden dejar desinformado a la población.
Lo preocupante de todo esto es que en las conversaciones entre empresarios chilenos y autoridades de Bolivia participaron dirigentes cívicos del departamento de Potosí, los que actuaron en secreto y al ser reveladas tales pretensiones, anunciaron su acuerdo, sin antes haber explicado el motivo de esa conducta a espaldas de sus representados.
Si nos remontamos a octubre de 2003, surge en la memoria de los bolivianos y sobre todo en muchos dirigentes del partido de gobierno que residen en la ciudad de El Alto, que la llamada “guerra del gas” se dio en La Paz por la intención del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada de vender gas a Chile. Curiosamente, quienes se oponían a las negociaciones comerciales de gas con Chile, ahora resultan interesados en reconducir esas tratativas, sabiendo que pronto asumirá el mando un Presidente contrario a la ideología de Michelle Bachelet, actual Jefa de Estado chilena.
Los gobernantes tienen que dejar de lado las negociaciones secretas, sobre todo cuando se trata de asuntos de Estado, como son las relaciones con Chile, así sean comerciales. Antes de tomar cualquier determinación se debe consultar a la población, pues no se olvida la ocupación y explotación de grandes extensiones de nuestro territorio por parte del vecino, por efecto de una guerra injusta, planificada por quienes siguen tratando de beneficiarse con nuestros recursos.