En un acto de autoridad que celebro, la Presidenta, por decreto del 16 de febrero, impuso a todo buque que transite entre puertos argentinos y las Malvinas o atraviese aguas jurisdiccionales, la obligación de solicitar una autorización previa ante autoridades nacionales en respuesta a la exploración petrolera en las Malvinas.
Que los británicos no cumplen las resoluciones de la ONU es una realidad; pero a su vez la Argentina carece de una política clara al respecto. La loable decisión presidencial cae, a mi juicio, en el vacío diplomático que impera en las relaciones bilaterales, donde no hay diálogo ni acción. Pretendemos con declaraciones principistas suplir la carencia de una visión estratégica. Ninguna decisión importante se consulta y ni por casualidad se intenta buscar consensos entre las fuerzas políticas o en la sociedad civil.
La cuestión del petróleo debe evaluarse en el contexto de las relaciones bilaterales. La Argentina denunció sorpresiva e unilateralmente, el 27 de marzo de 2007, la Declaración conjunta de actividades Costa Afuera en el Atlántico sobre hidrocarburos suscripta el 27 de septiembre de 1995 luego de cuatro años de dificultosas negociaciones. Esta Declaración coordinó actividades; por primera vez las partes habían asumido un "compromiso" de no extender el área en disputa y se delimitaron 6 áreas de cooperación especial. Creó una Comisión Especial, un sistema de consultas, adoptó previsiones para reducir incidentes, y un Subcomité tuvo a su cargo la promoción de la exploración y explotación del área especial. Ambas partes dejaron a salvo sus derechos, en caso de abrirse una licitación.
Si bien se plantearon divergencias, que en el 2000 fueron explicitadas por escrito, y sin duda Gran Bretaña unilateralmente violó la buena fe, la Declaración era el único instrumento que teníamos para controlar y estar informados sobre la cuestión vital del "oro negro" a partir de un espacio bilateral propio.
Había que hacer lo necesario para que los británicos cumplieran con la Declaración, pero la administración Kirchner consideró "agotado el ejercicio de reflexión" y decidió "dar la misma por terminada" el 27 de marzo de 2007. La denuncia argentina les dejó las manos libres.
El segundo frente es no haber anticipado lo que sucedería con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el 1 de diciembre de 2009, y no organizar una campaña informativa ante la Comisión, el Parlamento Europeo y la opinión pública de los 27 países miembros de la Unión sobre nuestros derechos a las Islas.
Los argentinos se enteraron por los diarios de que las Malvinas formarán parte de la "región ultraperiférica de la Unión Europea" prevista en el Anexo II de aquel Tratado. El Reino Unido, sigilosamente, aprovecha nuestra inacción.
Un tercer factor del "vacío" que comento es el fracaso en reanimar la relación bilateral, de restablecer un diálogo político de alto nivel, de vencer la apatía por parte británica. Muchos acuerdos están en suspensión; por ejemplo, el grupo de trabajo del Atlántico Sur sobre medidas de confianza no se reúne desde hace años; las comisiones y subcomités de pesca, tampoco. Impera un "diálogo de sordos", sobre lo cual la Cancillería nada informa al Congreso ni a la opinión pública.
En fin, un cuarto factor es lo que Andrés Cisneros en su artículo de Clarín del 19 de febrero llama "la filosofía del todo o nada" que siempre termina en nada para el más débil. La búsqueda de principios absolutos es una forma de escapismo o de impotencia que consolida un statu quo favorable a los británicos e isleños.
Para construir una política frente a la exploración petrolera en las Malvinas, debemos contar con la solidaridad de Brasil, Chile y Uruguay, países hermanos que deben acompañarnos y compartir plenamente nuestros objetivos. ¿Qué estamos haciendo para ello?
Un nuevo incidente nos enfrenta con Gran Bretaña. Gordon Brown, el premier británico, sostuvo que tienen derecho a la búsqueda de petróleo. Los conservadores piden reforzar la defensa de las Islas. Los isleños expresan que la "exploración continuará como está planteada". Guillermo Makin, asociado al Centro Latinoamericano de la Universidad de Cambridge, dice que hay que hacer incómodo el statu quo para los ingleses, "bajar el tono de las declaraciones y pasar a hablar con los hechos y la parquedad".
La Presidenta defiende nuestros derechos en la Cumbre de la Unidad de América Latina y Caribe donde logra apoyo en su cruzada contra la "pérfida" Albión. Pero no olvidemos que, como lo dijera recientemente Javier Pérez de Cuéllar, la defensa es parte de la política exterior. ¿Dónde estarán nuestros barcos y aviones para controlar el espacio oceánico y para interceptar barcos que pasen sin permiso por las aguas territoriales?
La política exterior respecto de las Malvinas es una cuestión crucial para los argentinos, que debe encararse con seriedad, inteligencia y sin sectarismos.
Debe ser una política de Estado y no el patrimonio exclusivo de cada gobierno. La recuperación de las Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur no es esperanza sino destino.