Vecinos y organizaciones sociales pidieron ayer la continuidad en la Justicia Federal de la causa por contaminación iniciada contra las arroceras instaladas en La Leonesa y Las Palmas. Así, respaldaron todas las actuaciones efectuadas por el fiscal federal Gustavo Corregido y criticaron la decisión del juez subrogante Eduardo Valiente de declararse incompetente por falta de pruebas.
También pidieron la urgente intervención del Ministerio de Gobierno del Chaco para garantizar la seguridad de los habitantes ante las persistentes amenazas que aseguran recibir. Además, la delegada sanitaria Ana Lía Otaño acusó a los ministerios de la Producción y de Salud por no intervenir en la medida de sus obligaciones.
Durante una rueda de prensa que tuvo lugar ayer en la seccional San Fernando del sindicato Utre, integrantes de diversas organizaciones sociales, vecinos, concejales y la delegada sanitaria del Ministerio de Salud de la Nación, Ana Lía Otaño, expresaron su acompañamiento a las actuaciones realizadas por el fiscal Corregido en las causas que denuncian a las arroceras San Carlos SRL y Cancha Larga SA por contaminación en las localidades de La Leonesa y Las Palmas, y cuyo efecto podría extenderse hacia otras jurisdicciones. “Sostenemos que las pruebas recogidas de acuerdo a lo que determina la ley son suficientes para que involucre a la Justicia Federal en su investigación”, enfatizaron.
“Lo que hace el juez es un apartamiento sin causa ni razón”, remarcó Valeria Romero, del Espacio Carta Abierta Chaco. Así, dijo que los argumentos esgrimidos por el magistrado “no alcanzan” ya que el fiscal Corregido probó a través de los elementos reunidos la relación existente entre la pulverización de agrotóxicos y el drenaje de agua hacia causes interjurisdiccionales.
“Está probado que la arrocera que actualmente se llama Cancha Larga arroja residuos hacia el río Paraguay, por distintos canales, y que al fumigar los agroquímicos pueden llegar a causar daños a otras jurisdicciones”, señaló Romero, justificando así el reclamo de competencia en el tema de la Justicia Federal.
Asimismo, subrayó que el Humedal Chaco afectado por las arroceras- es un sitio RAMSAR (una convención que otorga a los humedales importancia internacional). En consecuencia y por la vigencia de tratados internacionales, el Estado Nacional es garante de los artículos 41 y 75 de la Constitución Nacional y la causa debe enmarcarse en la Justicia Federal.
Otro integrante de Carta Abierta, Hugo Deschutter, aseguró que las fumigaciones siguen desarrollándose sin modificaciones. Al respecto, Juan Álvarez, habitante de las localidades perjudicadas, sostuvo que las pulverizaciones “arrecian cada vez más” porque está próxima a iniciarse la cosecha; y luego se paralizarán hasta octubre. “Pedimos que el gobierno se ponga al frente de todo esto, aunque hay muchos intereses económicos y políticos sobre todo en nuestra zona, y tratan de acallarnos a quienes actuamos en forma independiente”, remarcó.
Elio Servín, otro vecino de las localidades que denuncian la contaminación ambiental, aseguró que las mejores pruebas de los efectos de agrotóxicos son las malformaciones y los innumerables problemas de salud de la población. “Nos asombra cómo día a día se manifiestan múltiples enfermedades, muchas de ellas cancerígenas”, enfatizó. Al respecto, contó que fueron detectados casos de malformaciones no solamente en humanos, sino también en animales.
En la rueda de prensa estuvieron presentes referentes del Espacio Carta Abierta Chaco, la Red de Salud Popular “Ramón Carillo”, vecinos de La Leonesa y Las Palmas, el Frente Grande, el Movimiento Comandante Andresito, ATE, CTA y la concejal de La Leonesa Patricia García.