La legisladora Silvia Horne (PJ) solicitó a los Gobiernos nacional y de las provincias patagónicas que denuncien y publiquen la lista de empresas, de origen británico o de otro país, que estén vinculadas con firmas petroleras o de servicios hidrocarburíferos que hayan trabajado en el mar de las Islas Malvinas sin autorización nacional.
Además, requirió que se denuncie y publique la lista de empresas y particulares extranjeros o nacionales que hayan prestado apoyo comercial, logístico o técnico a las que desarrollaron actividades hidrocarburíferas y que las conclusiones sean enviadas al Parlamento Patagónico.
Horne describió que en el decreto 256/2010 publicado en el boletín oficial del 17 de este mes la presidenta Cristina Fernández de Kirchner establece que todos los barcos que quieran navegar entre los puertos del Territorio Continental Argentino y los puertos de las islas Malvinas y Sandwich del Sur deberán solicitar “autorización previa de las autoridades competentes”.
Destacó que “esta decisión constituye una respuesta ante el inicio inconsulto de actividades de exploración de hidrocarburos en la zona en disputa por parte de las empresas petroleras británicas, que insiste en sus políticas coloniales consolidando sus posiciones en determinados enclaves geoestratégicos”.
Opinó también que “la desmalvinización comenzó cuando regresaron en el año 1982 nuestros soldados al continente. Las condiciones del regreso dieron cuenta de ello en un momento inmediato después del cese de las hostilidades y aún en plena dictadura”.
Agregó: “La desmalvinización no solamente propuso el olvido integral del conflicto sino que impulsó mecanismos a partir de los cuales se concibió el desafío (que no necesariamente debe reducirse a recurrir a la vía militar) a un poder como el británico como un "imposible fáctico" y se dispuso el olvido y menoscabo de los veteranos de guerra”.
Refirió que en 2007 la Argentina dio por terminada la declaración conjunta con el Reino Unido, que coordinaba la explotación de recursos en el mar circundante a las islas del Atlántico Sur, ya que “los británicos actuaron en forma capciosa, interpretando unilateralmente lo que se había acordado”.
Recordó que el ministro Julio De Vido dispuso que las empresas que exploraran o comenzaran tareas de exploración en aguas de Malvinas bajo dominio británico serían pasibles de ser sancionadas por el gobierno argentino.
“El gobierno entiende que las acciones llevadas a cabo en estos años, así como el decreto en cuestión, sirven para oponerse. Es un paso para revertir una política que facilitaba esa exploración al brindar la logística necesaria que se prestaba desde nuestro propio suelo continental”, destacó Horne, entre otras expresiones contenidas en el proyecto de comunicación que presentó en la Legislatura rionegrina.