Con total hermetismo, por lo menos para un sector de los ganaderos, se ejecuta el proyecto de “distribución equitativa” de las aguas del río Pilcomayo, desde la Reserva Natural Toro Mocho hasta esta zona.
Esta semana se iniciaron los trabajos con enormes máquinas de la empresa Talavera & Ortellado.
La estancia Toro Alto, propiedad de Víctor Suárez, es utilizada como PC del despliegue, que incluye apertura de picadas, derribando árboles y construyendo canales, sin ningún estudio de impacto ambiental. La obra tendrá una extensión de unos 20 kilómetros y se teme el corte de dos caminos importantes de la zona, que podría dejar aisladas a varias comunidades, como General Díaz, la comunidad indígena Cacique Sapo y Misión Escalante.

Máquinas en estancia
Por su parte, Antonio Brusquetti, propietario de un establecimiento en la zona, denunció a través de una radio capitalina la mala utilización de las máquinas. Manifestó que los trabajos se cumplen casi exclusivamente en la propiedad del ex ministro nicanorista de Hacienda, Ernest Bergen.
El problema mayor es que no se tiene conocimiento acabado sobre el emprendimiento.
Varios suponen que se trata de las obras de ampliación y profundización de la embocadura del canal paraguayo en el río Pilcomayo, cuyas ejecuciones se establecieron a través de un convenio entre el Ministerio de Obras Públicas y la Asociación Rural del Paraguay (ARP).
Sin embargo, el presidente de esta organización, Juan Néstor Núñez, aseguró el domingo pasado que aquellos trabajos no estaban definidos. Mientras que Aurelio Gauto, fiscalizador del Ministerio de Obras Públicas en otro proyecto de la cuenca del Pilcomayo, aseguró que el MOPC nada tiene que ver en esa obra de la Rural.
Según el convenio firmado el 1 de mayo de 2009, el desarrollo de actividades de colaboración y apoyo a la ejecución de los trabajos complementarios a las obras de ampliación y profundización de la embocadura del canal paraguayo en el río Pilcomayo estará a cargo de la Asociación Rural.
El presupuesto del proyecto es G. 830.000.000. El MOPC, a través del Proyecto Pilcomayo, transferirá a la entidad ejecutora hasta la suma de G. 500.000.000. Mientras que la entidad ejecutora se compromete a aportar el saldo restante del presupuesto G. 330.000.000.
El pasado sábado se constituyó en la zona el fiscalizador de la Secretaría del Ambiente, Roberto Arias, y constató que no existe evaluación del impacto ambiental.
Hasta parece que tampoco se tienen estudios de carácter topográfico, hidrológico, hidráulico, de suelo, de los procesos de sedimentación, de calidad de agua, de fauna, de flora, de evaluación del medioambiente y del contexto socioeconómico.
Al parecer existe una “alteración de proyecto”, que es castigada por la Ley 716/95 y la licencia ambiental es exigencia establecida en la Ley 294/93.