En noviembre de 1974 trascendió en las islas Malvinas que el gobierno local había recibido solicitudes de concesiones para perforar pozos de exploración de petróleo en los alrededores. No se proponía otorgar ninguna, por el momento. Presumiblemente, porque el gobierno británico esperaba los resultados de un estudio geológico encargado a un equipo encabezado por Donald Griffiths, de la Universidad de Birmingham. En ese año, Perón evaluó una propuesta británica de arrendamiento de las islas. Al morir, el 1° de julio, esa propuesta no prosperó.
Mientras tanto, en el Consejo Legislativo de las islas el gobernador decía: "Ahora es el momento de examinar solicitudes de licencias para exploración de petróleo en vista de la certeza casi absoluta de futuras dificultades económicas para la colonia".
En marzo de 1975, el gobierno británico confirmó la recepción del informe de Griffiths. La Argentina comunicó entonces a las Naciones Unidas que no reconocía ni iba a reconocer "la titularidad ni el ejercicio de ningún derecho relativo a la exploración y explotación de minerales o hidrocarburos (en las islas) por parte de un gobierno extranjero". Tampoco reconocía ni iba a reconocer e iba a considerar "insanablemente nula cualquier actividad, medida o acuerdo que pudiera realizar o adoptar Gran Bretaña con referencia a esta cuestión, que estima de la mayor gravedad e importancia".
Esta cuestión logró diluir los contactos y las conversaciones bilaterales en curso sobre la disputa de soberanía. Eran tiempos en los que se examinaba la posibilidad de un condominio sobre el territorio o del traspaso de la soberanía a nuestro país con un arriendo a favor de Gran Bretaña que incluía la explotación de los recursos sobre una base binacional.
Como consecuencia de la posibilidad de hallar hidrocarburos, el gobierno británico señaló en la Cámara de los Comunes que no tenía "duda alguna acerca de su soberanía sobre las islas Falkland y su correspondiente mar territorial" y que tampoco tenía duda alguna "acerca de sus derechos soberanos exclusivos de exploración y explotación de los recursos naturales de la plataforma continental". La búsqueda de entendimientos quedó así postergada por la posibilidad de encontrar hidrocarburos.
Ante lo sucedido, nuestro país recordó en la Asamblea de las Naciones Unidas, en 1975, que la cuestión está regida por las resoluciones 2065 y 3160 de la Asamblea General y que las partes debían abstenerse de innovar en aspectos fundamentales o de realizar actos inconsultos o unilaterales para no afectar las tratativas de negociación en marcha.
Treinta y seis años y una guerra después, los hechos se repiten. Una plataforma de exploración contratada por dos sospechosas pequeñas petroleras isleñas trabaja en el mar, al norte de las islas. Las frases y las reservas de entonces son calcadas, cual liturgia. Los mismos argumentos de ayer están, de nuevo, sobre la mesa.
La falta de diálogo y la actitud británica intransigente que contraría el principio de buena fe que debe prevalecer en las negociaciones internacionales, sumados a la innecesaria dureza que caracteriza nuestra posición nos colocan en la misma encrucijada en momentos en que las mejores técnicas de exploración y los precios más altos de los hidrocarburos estimulan las apetencias económicas y alimentan las ambiciones.
Esta circunstancia puede acelerar las reacciones, más allá de la imprescindible prudencia. Vuelve a complicarse la relación bilateral. Cuando en 2007 se dejaron de lado los acuerdos bilaterales trabajosamente alcanzados sobre esta cuestión, era evidente que debía preverse esta situación y prepararse para reaccionar con firmeza, pero también con altura, conducta y serenidad sin perder la cortesía. Es necesario recordar que también en las relaciones internacionales lo cortés no quita lo valiente.
Este nuevo desencuentro es el resultado de la incapacidad de ambas partes de acercar distancias a tiempo y procurar alternativas que no sólo preserven la paz, sino que, también, satisfagan a todos.