El municipio de La Plata deberá indemnizar a un vecino que en 2002 y en medio de un temporal de lluvia terminó con 70 centímetros de agua dentro de la vivienda. El damnificado había demandado también a la Provincia, pero el fallo judicial desestimó esa instancia y condenó parcialmente a la comuna.
La decisión fue del titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1, Luis Federico Arias, quién consideró que el municipio tuvo alguna responsabilidad al no cumplir con el mantenimiento adecuado de limpieza de alcantarillas y desagües pluviales. En la sentencia el juez consignó además la "peligrosidad" derivada del incumplimiento de esa obligación que "pone en riesgo la vida, la integridad física y la propiedad de la población".
Con informes aportados a la causa, Arias estableció un costo de reparación en pisos, revoques y carpintería en casi diez mil pesos. Pero el juez consideró una responsabilidad parcial de la comuna y le ordenó pagar un 25 % ciento de ese monto por daños materiales y como resarcimiento moral, una indemnización similar. En total son 4.912 pesos, más los intereses desde la fecha del siniestro.
El proceso había sido iniciado por el dueño de una casa ubicada en 33 entre 8 y 9 en la zona norte de la ciudad, quién solicitó un resarcimiento por daños materiales y morales de 160.000 pesos. El reclamo fue luego de una jornada lluviosa -27 de enero de 2002- en la que cayeron casi 80 milímetros en una hora. Enseguida la inundación provocó en la propiedad importantes daños. Inclusive algunos damnificados del barrio tuvieron que autoevacuarse.
En el expediente judicial el damnificado aportó testimonios de otros vecinos afectados por las intensas precipitaciones, quienes aseguraron que ese día los desagües de la zona estaban "tapados de basura" y con capacidad mínima para escurrir el agua.
También se incorporaron mediciones realizadas por especialistas de la Universidad Nacional de La Plata, que establecieron que el 27 de enero de 2002 y en menos de una hora y media hubo una precipitación sobre la capital bonaerense de 121,6 milímetros.
El vecino que abrió el proceso judicial, que no fue identificado, responsabilizó a los gobiernos provincial y municipal por la "falta de obras" para evitar inundaciones y también por el mantenimiento insuficiente de desagües, alcantarillas y arroyos.
Además hizo mención a errores en la planificación de construcciones viales como la avenida Circunvalación y la bajada de la Autopista La Plata- Buenos Aires, cerca de la zona afectada, que según la denuncia actúan como "barrera de contención, provocan daño ambiental e imposibilitan el normal escurrimiento de las aguas".
En los descargos, el municipio de La Plata aseguró que se trató de una tormenta extraordinaria, negó falta de responsabilidad en las obligaciones de mantenimiento y citó como único antecedente a esas intensas precipitaciones registros de 1908. Para el juez, "el ingreso de agua a una vivienda no es solamente un evento pluvial extraordinario, sino que a ello se suma ineficiencia en el funcionamiento de los desagües y obstrucciones que impiden el normal desagote".

En Capital y en Santa Fe hubo subsidios
Existen ejemplos de gobiernos que pagaron indemnizaciones tras inundaciones. Lo hizo Santa Fe en los tremendos episodios de 2003 y 2005, aunque con montos que no conformaron a la mayoría. También en Capital, años atrás los jefes de Gobierno pagaron daños a comerciantes y vecinos. Eso lo repitió días atrás Mauricio Macri, aunque no sin polémica. El actual jefe de Gobierno fue denunciado ante la justicia por los delitos de "abandono de persona, estrago culposo e incumplimiento de los deberes de funcionario público" por dos legisladores de la UCR. Macri definió un resarcimiento de 8.000 pesos para los damnificados tras las críticas que recibió al anunciar que el monto sería de sería de $ 5.000. Sin embargo, esto no conformó demasiado a los legisladores porteños. La oposición reclamó que los subsidios no tuvieran un "techo" de $ 8.000, como plantea el macrismo, sino que se contemple cada caso en particular.
"El foco tiene que estar puesto en la necesidad real que tiene cada vecino, no se los puede igualar. Por otro lado pretendemos que los controles sobre los daños los haga un perito del Gobierno", opinó María América González, de Proyecto Sur.