Hace 90 días, la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Provincia (ex Dipas) decidió cerrar el agua para riego proveniente del dique Arturo Illia, en el marco de la histórica sequía que asuela al noroeste cordobés. Ahora, la Fiscalía de Instrucción a cargo de Martín Bertone imputó a dos directivos de un consorcio de riego: el presidente y el secretario del Consorcio de Riego Los Chañaritos fueron acusados de sustracción de agua, en el marco del artículo 182, inciso 1º, del Código Penal.
Las denuncias fueron realizadas por los mismos socios regantes del consorcio, ante la desigual distribución del agua de riego que presuntamente benefició a unos pocos y perjudicó a la gran mayoría de los productores.
Funcionarios judiciales y especialistas del instituto estatal Inta sacaron muestras de suelos, tanto de denunciantes como denunciados, y analizaron diferencias de humedad que los llevó a tomar las decisiones de la investigación .
Paralelamente, trascendió en los Tribunales de Cruz del Eje que al menos otras seis presentaciones penales cruzadas fueron presentadas por disputas entre agricultores, vecinos unos de otros.
La desesperación ante la falta de agua para sostener sus cultivos frutihortícolas en esa zona árida amenaza extenderse durante todo el año y enfrenta ya a la gente ante el fracaso de las cosechas.
Existen dos consorcios de regantes que toman agua del dique, para distribuir en 13 mil hectáreas.
Por una parte, Los Chañaritos, hoy bajo investigación penal, con 80 socios y tres mil hectáreas bajo su control. Por la otra, el Consorcio de Usuarios de Riego del Dique Cruz del Eje, contabiliza más de 500 asociados sobre 10 mil hectáreas bajo riego.
Desde noviembre del año pasado no entra agua a esos campos, ante la prohibición de la Provincia por la preocupante bajante del dique, y se han abierto esporádicamente las compuertas sólo para llenar aguadas de uso ganadero.

Cambiar de esquema. La Defensoría del Pueblo provincial, a cargo de Mario Decara, concretó con especialistas un estudio de la situación y emitió una resolución exhortando al Ministerio de Obras y Servicios Públicos a que disponga la inmediata intervención de los dos consorcios de riego que administran el agua de riego.
Paralelamente instó a a la Provincia abstenerse de delegar la administración del sistema de distribución, recomendando que desde ahora el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos se haga cargo de los cupos de agua, en lugar de los consorcios. La Defensoría apuntó a “una más equitativa distribución” del agua.
El delegado de la Defensoría en Cruz del Eje, José Píccola, advirtió: “Hay que prevenir el drama que se avecina por este tema, de continuar esta sequía”.
En tanto, el intendente de Cruz del Eje, Mario Blanco, consideró: “Estamos con una falta total de agua para riego y se suscitan conflictos a diario por esa distribución. Sin dudas, el Estado debe recuperar su rol ante un elemento tan imprescindible como el agua, en este caso de riego, que está en crisis y que atenta severamente contra el circuito comercial regional”.

No alcanza para todos
La falta de agua para riego también marca diferencias entre los productores medianos y pequeños. Los primeros pueden costear perforaciones y continuar cultivando; los más chicos están condenados a esperar que se supere la crisis hídrica.
El dique tenía ayer 30 metros de alto, siendo su capacidad máxima de 37,20 metros. Semanas atrás estaba en peor situación. Aún no se habían computado las lluvias ocurridas ayer, aunque en esa zona no cayó tanta agua como en el Gran Córdoba.