Un proyecto presentado por el diputado justicialista Miguel Montoya generó una fuerte polémica en la sesión de ayer entre el bloque radical y el presidente del bloque del PJ, José Karamarko, quien llegó a decir que tenía que consultar con el gobernador Mario Das Neves antes de tomar una decisión sobre el tema planteado.
La iniciativa presentada impide el otorgamiento de concesiones para la explotación de recursos naturales de la provincia a las empresas que participen en similar explotación en las Islas Malvinas, en una iniciativa que se enmarca en la escalada británica por la extracción de petróleo en Malvinas y el mar adyacente.
Montoya propone que las empresas vinculadas a la explotación en Malvinas no podrían obtener concesiones ni permisos en Chubut, y tampoco podrán ser contratistas de servicios relevantes a la explotación en esta provincia, y sin afectar derechos adquiridos, establece la obligación de hacer una declaración jurada a los actuales concesionarios y prestadores.
El proyecto establece que las personas físicas y jurídicas que participen como proveedor, socio, titular, o cualquier otra figura relacionada a las explotaciones sobre las que la República Argentina cuestione su legitimidad, en negocios que faciliten la explotación de recursos naturales de las Islas Malvinas, tendrán vedado obtener permisos, concesiones o cualquier derecho sobre la explotación de bosques, hidrocarburos y recursos mineros en general, recursos del mar o cualquier otro recurso natural en Chubut.
La iniciativa contó con el apoyo inmediato del bloque radical, y su titular, Roberto Risso, propuso que sea tratado inmediatamente sobre tablas, o que en todo caso, sea derivado a comisión y tratado con fecha fija mañana jueves.
Esto motivó la reacción de Karamarko, quien acusó a Risso de entrometerse en iniciativas ajenas haciendo flaco favor al proyecto de Montoya, que nunca tuvo la intención de aprobarlo inmediatamente. Además, expresó que ante un proyecto de tal envergadura, «es necesario consultar al gobernador, y consensuarlo con el Poder Ejecutivo», lo que generó la respuesta desde el radicalismo, de que la Cámara es soberana, y no necesita pedir permiso al Gobernador.