Los cordobeses están hartos de incapacidades e improvisaciones y más que hartos de pagarlas con su calidad de vida y con sus bienes, ante cualquier adversidad meteorológica.
Los funcionarios provinciales y municipales frecuentan lo obvio cuando explican por qué razón existen grandes sectores de la ciudad y del área metropolitana que se anegan apenas se descargan lluvias de mediana intensidad: Córdoba crece, y los terrenos baldíos que antes absorbían las precipitaciones pluviales ahora están cubiertos por edificaciones, taludes y calles pavimentadas, que derivan las aguas caídas hacia las calzadas, donde se forman las grandes correntadas que producen caos en el tránsito, deterioro incontenible de las carpetas asfálticas e ingentes pérdidas en bienes de los habitantes.
Pero los funcionarios provinciales y municipales callan de manera sistemática lo que es más obvio: ni la Provincia ni las municipalidades han encarado un plan integral para solucionar este problema urbanístico, que crece en sincronía con la ira de millares de perjudicados por la incapacidad e inoperancia de quienes deberían construir una infraestructura de servicios que acompañe el crecimiento urbano. Lo ideal sería una infraestructura que prevea los problemas del crecimiento.
¿O es pedir lo imposible?
Éste es el principal documento de deuda que deben pagar las municipalidades -en especial la de la ciudad Capital- y la Provincia. Pero cada catástrofe natural sólo produce una efímera erupción de promesas y obviedades. Ni hablar de sus reacciones protocolares cuando se registran casos de muertes por asfixia por las correntadas o por electrocución causada por cables de las redes de electricidad.
En la ciudad de Córdoba, tres administraciones que han exhibido una llamativa coherencia en su incapacidad e irresponsabilidad explican lo obvio y explican el por qué del poder de presión abusivo acumulado por una conducción gremial que, con una estrategia que fusiona intimidación con vandalismo, se transformó en una administración paralela.
Para la ciudadanía, resulta incomprensible e inaceptable que casi el 70 por ciento de lo que recauda el municipio se destine al pago de sueldos. Así, jamás la ciudad podrá invertir en proyectos integrales de infraestructura, no en parches ni terapias de emergencia para afrontar los graves problemas de patología urbanística.
Una ciudad que, a más de 400 años de su fundación, sigue careciendo de un plan regulador actualizado de manera permanente, y sometida a las peores formas de la especulación inmobiliaria, tarde o temprano termina en una crisis que hipoteca la calidad de vida de sus habitantes en forma difícilmente levantable. Ésta es otra de las obviedades que silencian los funcionarios provinciales y municipales.
Los cordobeses están hartos de incapacidades e improvisaciones y están más que hartos de pagarlas con su calidad de vida y con sus bienes. Ha llegado, para funcionarios provinciales y municipales, un desafío que no puede postergarse.
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